La Fiscalía Federal de Rosario solicitó prisión perpetua para dos exdirectivos de Acindar, acusados por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores metalúrgicos en Villa Constitución durante marzo de 1975, un año antes del inicio formal de la dictadura militar. El juicio, que se realiza ante el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Rosario, investiga los crímenes cometidos contra 57 personas en el marco de la represión ilegal desatada por el Estado nacional.
Los acusados son Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo, quienes ocupaban cargos jerárquicos en la compañía. La Fiscalía los considera responsables de ocho homicidios agravados, 29 casos de privación ilegal de la libertad con tormentos, y por integrar una asociación ilícita.
Los hechos ocurrieron bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón, cuando se aplicaban decretos de aniquilamiento y se desplegaban fuerzas de seguridad y militares para reprimir a sectores sindicales y políticos. En este caso, las víctimas fueron delegados y militantes de la UOM, que habían recuperado la seccional local con la victoria de la Lista Marrón en las elecciones gremiales.
Además, se solicitaron penas de entre 10 y 25 años de prisión para 15 exagentes de la Policía Federal Argentina y un expolicía provincial, también acusados por secuestros, torturas y participación en la estructura represiva.
Las penas más altas
Entre las condenas solicitadas se destacan:
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25 años para Roberto Álvarez (PFA) y Amadeo Chamorro (ex Guardia Rural Los Pumas), por más de 20 casos de secuestro y tortura.
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La misma pena para otros exfederales implicados en delitos contra 23 víctimas.
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16 y 14 años para otros expolicías, y 10 años para dos acusados vinculados a casos individuales.
La Fiscalía pidió que las penas se cumplan en cárcel común, con detención inmediata, y solicitó la inconstitucionalidad de los decretos que permitieron detener sin juicio previo a las víctimas.
Reparación simbólica y derecho a la verdad
Como parte de las medidas reparatorias, los fiscales solicitaron que:
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Los medios de Villa Constitución publiquen el veredicto cuando se conozca.
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Se señalicen como ex centros clandestinos los edificios donde operaron fuerzas represivas.
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Empresas como Acindar, Metcon, Villber y Marathon modifiquen los legajos laborales de las víctimas, dejando constancia de que su ausencia se debió a secuestro o asesinato, y no a abandono del trabajo.
También se pidió que el tribunal declare probada la participación del Ejército, Prefectura Naval y la organización parapolicial Triple A en los hechos.
El juicio continuó este lunes 4 de agosto con los alegatos de la defensa. El veredicto se espera para septiembre.
