“Hoy en día es casi una regla general, las personas detenidas suelen estar bajo efecto de alguna sustancia tóxica o una descompensación psiquiátrica”, así plasman una compleja realidad desde el aparato judicial del Departamento San Nicolás. Sucede que el crecimiento de la inseguridad, principalmente de delitos menores, está empujado por diferentes factores entre los cuales la falta de herramientas para el tratamiento de la salud mental y consumo problemático ha comenzado a jugar un rol trascendental.
Si bien este debate sostenido en el tiempo respecto a quien debe hacerse cargo de la seguridad de los nicoleños ha sido vinculado a un cruce de ideologías entre los gobiernos de turno que se empeñan en pasarse la pelota sin llegar a soluciones prácticas, existen otras cuestiones importantes que deberían contemplar una cooperación eficiente para garantizar el bienestar de los vecinos y no aparece. Por estos motivos, las autoridades de los diferentes fueros penales y civiles que trabajan en la región están en concordancia al momento de señalar este panorama que lamentablemente no parece tener una solución, o al menos alivio, en el corto plazo:
“La mayoría de las personas que actualmente llegan al sistema penal lo hacen en situación de consumo o con descompensaciones mentales, dado que no pueden acceder al tratamiento que se indica o habitan un contexto socioambiental que los perjudica”, explicaron especialistas en el tema a COSA CIERTA.
Falta de herramientas
Desde el punto de vista de los juristas destacan que el marco legal para estas problemáticas se encuentra en condiciones para ser aplicado de manera correcta, pero se choca con la falta de recursos para llevar efectivamente a la práctica lo que dicta las leyes.
Por ejemplo, en San Nicolás el Centro Provincial de Atención en Salud Mental y Consumos Problemáticos (CPA) actualmente no cuenta con un espacio territorial propio. Concretamente, funciona dentro del Hospital San Felipe con horarios reducidos de lunes a viernes. Si bien se realizan talleres y hay atención, no es la suficiente ni se encuentra cerca de los barrios más carenciados donde las consecuencias del consumo problemático se perciben mayormente.
Además, no existen dispositivos intermedios más allá de lo mencionado, ni de carácter municipal o provincial. En la actualidad, una persona que requiere atención interdisciplinaria depende de contar con el capital para asistir a un instituto privado o contar con espacio en el nosocomio local.
Por otro lado, el equipo de comunicación del Poder Ejecutivo municipal parece no tener ni un segundo para difundir este tipo de lugares y talleres que se llevan a cabo para el beneficio de los nicoleños. Mientras se destina tanto tiempo, esfuerzo y dinero en promover carreras políticas u ofertas gastronómicas, la salud mental parece no ser un tema urgente en su agenda.
