El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, anunció que el municipio alcanzó un entendimiento con Ternium-Siderar (Grupo Techint) para poner fin al conflicto por la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), una controversia que durante 2025 escaló al plano judicial y afectó las finanzas locales.
El acuerdo establece el pago de una suma fija mensual cercana a los $725 millones, que se actualizará mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El convenio regirá durante 2026 y 2027 y comenzará a efectivizarse en marzo. Para su entrada en vigencia, deberá ser refrendado por el Concejo Deliberante en una sesión extraordinaria convocada por el Ejecutivo.
Como parte del entendimiento, ambas partes desistirán de las demandas cruzadas. El municipio dejará sin efecto el proceso de apremio iniciado para el cobro de la tasa, mientras que la empresa retirará su presentación ante la Justicia Federal. Además, se avanzará en la regularización administrativa de la firma, incluyendo el otorgamiento de la habilitación correspondiente.
En relación con la deuda acumulada durante 2025, período en el que los fondos fueron depositados en cuentas judiciales, el jefe comunal indicó que su determinación formal continuará en los juzgados intervinientes. Una vez fijado el monto definitivo, se procederá a su cancelación en los próximos meses.
El conflicto había incluido reclamos municipales que inicialmente superaban los $900 millones y que luego alcanzaron montos cercanos a los $1.200 millones mensuales, además de intentos de clausura de la Planta General Savio y cuestionamientos empresariales al incremento de la tasa. En ese contexto, el Ejecutivo evaluó la venta de la deuda a privados, alternativa que quedó descartada tras el acuerdo.
Desde el gobierno local sostienen que el ingreso regular de estos recursos permitirá afrontar compromisos inmediatos y cumplir con el aumento salarial del 15,7% anunciado para los trabajadores municipales, con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo.
Con este entendimiento, la gestión municipal busca cerrar una etapa de tensión financiera y proyectar mayor previsibilidad en los ingresos para el próximo bienio, a la espera de la aprobación legislativa que formalice lo actuado.
