Con algunas observaciones de los abogados animalistas Mauricio Trigo y Susana Dascalaky, a finales de 2023 redactó el proyecto de ley dirigido a todas las personas que se desempeñan en la función pública, en cualquiera de sus niveles, para capacitarse obligatoriamente en materia de derecho animal. En un principio, pensó en presentar el proyecto en el Congreso de la Nación. Un grupo de legisladores de Unión por la Patria lo aceptaron, pero le propusieron que lo presentara otro espacio, no opositor, para que tuviera mayor proyección. Sin embargo, teniendo en cuenta la compleja dinámica política actual, la abogada prefirió avanzar en el ámbito municipal y provincial.
¿Cómo es el proyecto de ley de capacitación en derecho animal de la provincia de Buenos Aires?
El primer paso para que este proyecto se convirtiera en una realidad fue presentarlo en su propio municipio. A mediados de este año, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que convirtió a San Vicente en el primer municipio del país en obligar a sus funcionarios a capacitarse en derecho animal y así responder con conocimiento ante situaciones de maltrato y abuso hacia los animales. Esta norma local es ni más ni menos que un antecedente fructífero para que otros distritos comiencen a tratar proyectos similares. De esta manera, Micaela entabló diálogo con concejales de otros municipios bonaerenses como Lomas de Zamora, Vicente López y Ezeiza, donde fue recibida por distintos espacios políticos para lograr la aprobación del proyecto de ley.
Fue así como la abogada decidió avanzar a nivel provincial y su proyecto fue presentado en ambas cámaras. “En la provincia de Buenos Aires, ya cuenta con estado parlamentario y está siendo tratado por la Comisión de Ambiente. Afortunadamente, tuvo buena repercusión desde el amplio espectro político. El proyecto fue presentado en Diputados por el bloque UCR-Pro, mientras que en Senadores lo hizo Unión por la Patria. Que los proyectos sean impulsados en ambas cámaras brinda mayor celeridad, consenso y garantía de mayorías”, expresó Micaela Draicchio.
Para elaborar el texto, Draicchio se fundamentó en la Ley Penal Nacional N° 14.346, cuyo artículo 1° pena con prisión de quince días a un año a quien infligiere malos tratos o actos de crueldad a los animales. A diferencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que cataloga a los animales como cosas, la terminología “víctima” del Código Penal es la piedra angular de la jurisprudencia nacional que entiende a los animales como sujetos de derechos. De igual manera, el proyecto de ley provincial, en su segundo artículo, les reconoce este estatus jurídico.
Entre sus diferentes puntos, la formación de los agentes estatales de la provincia estará basada en el conocimiento del amplio marco legal, que incluye la responsabilidad civil y penal por maltrato animal, la Ley de Caza N° 5.786, la ley de prohibición de carreras de perros, las leyes de tracción a sangre y la ley sobre animales exóticos, así como también la jurisprudencia y doctrina aplicable.
Asimismo, tendrá en cuenta cuestiones de ética y bienestar animal, como así también las diferencias entre convivencia y tenencia, el concepto de mascotismo y sanidad animal. Respecto al trabajo puntual de los funcionarios y empleados estatales, la ley contempla el rol de los sujetos alcanzados que se desempeñan en la función pública, los procesos administrativos, la actuación ante denuncias, deberes y obligaciones vinculadas al derecho animal, y la responsabilidad por incumplimiento.
Teniendo en cuenta la variedad de ecosistemas que habitan a provincia de Buenos Aires en su amplio territorio, la letrada consideró las diferentes perspectivas que se le dan a los animales en diversos ámbitos. “No es el mismo tratamiento el que se le da a las aves que a los animales de granja o a los animales destinados al consumo. Tampoco es lo mismo un caballo que la fauna marina. Por eso, también busco que se pueda explicar qué es el bienestarismo, el abolicionismo, el especismo, el antiespecismo, y presentar las distintas posturas desde el punto de vista ético, filosófico y legal”, señaló Draicchio.
Pero las diferencias no se encuentran únicamente en el mundo natural; también en el territorio bonaerense confluyen diferentes perspectivas sociales y culturales, lo que se traduce en variaciones en el vínculo que tienen los habitantes de cada municipio con los animales.
“En el proyecto cada poder lo va a tratar según el ambito de trabajo, ya que no es lo mismo capacitar a un juez que a un policía. Pero también desde lo local, cada municipio lo va a tratar según su perspectiva. Por ejemplo, nosotros en San Vicente tenemos una reserva natural y no es el mismo enfoque que le vamos a dar que capaz un municipio como en Almirante Brown que no la tiene. La idea es que todos sepan todo, pero que cambie el enfoque según la jurisdicción”, remarcó.
Asimismo, la abogada sostuvo: “Muchas veces sucede que vas a la comisaría a denunciar maltrato animal y no te toman la denuncia porque no saben qué hacer y te mandan a zoonosis, de zoonosis te mandan de vuelta a la comisaría. Y en la comisaría te mandan a la fiscalía. La idea es que puedan brindar una atención integral de esta cuestión como algo serio. Lo más importante es la educación y como se trata de agentes del Estado deben estar capacitados. Al saber, se sienten obligados a que accionen. La idea es que sea de forma obligatoria, porque si es optativo no se haría. Así como un empleado municipal tiene la obligación de capacitarse por la Ley Micaela sobre violencia de género y puede aplicarlo no solo en el ámbito laboral, sino también en su vida personal. Esta ley sobre derecho animal vendría a cumplir el mismo trabajo”.
“Empecé a escribir el proyecto a fines del año pasado y a comienzos de este año pude comenzar a acercarlo a ciertos lugares. Y que estemos a mitad de año y ya tenga estado parlamentario a nivel provincial es muy importante, como así que se haya aprobado en un municipio. Tengo toda la esperanza de que se apruebe y que luego pueda presentarse a nivel nacional”, concluyó.
