El Gobierno nacional anunció este miércoles aumentos para los prestadores de discapacidad, en medio de una creciente presión por la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido ratificada por el Congreso tras el veto del presidente Javier Milei.
Según confirmaron fuentes cercanas a la gestión libertaria, los incrementos serán de entre 29,7% y 35,4%, aplicados en tres etapas durante octubre, noviembre y diciembre. La medida fue acordada entre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud durante una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
En ese encuentro también participaron Daniel Lipani, representante de los prestadores del Comité Asesor de la Andis, y un delegado del Cofedis, aunque este último no tenía voto. Las subas para las prestaciones de transporte, rehabilitación, hogar, pequeño hogar, residencia y apoyo serán del 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre, alcanzando un total acumulado de 34,53%.
El resto de las prestaciones tendrán un incremento del 12% en octubre, 8,25% en noviembre y 7% en diciembre, sumando un 29,73% en total. Desde el Gobierno aseguraron que, con esta actualización, el ajuste quedará “por encima de la inflación proyectada para todo el año”.
Sin embargo, Lipani votó en contra de la propuesta y presentó una moción alternativa: un aumento del 70% a partir de octubre sobre el valor vigente para todas las prestaciones del Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad. Para sostener su planteo, solicitó la reasignación de fondos necesarios para garantizar su cumplimiento.
La respuesta del sector no tardó en llegar. En un comunicado, el Foro Permanente de Discapacidad (FORO) expresó su rechazo a la medida y declaró que “continúan en estado de alerta”. Desde el espacio afirmaron que “el porcentaje propuesto es claramente insuficiente frente a la inflación acumulada, los costos reales de funcionamiento y la profunda crisis que atraviesan los prestadores”. Además, advirtieron que “estos aumentos se van a terminar de cobrar recién en marzo o abril de 2026”, y reclamaron que el Gobierno Nacional “sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad”.
Desde el Ministerio de Salud, por su parte, apuntaron contra quienes “hicieron política” con el tema durante el último año, recordando que en 2023 “se aumentó el nomenclador un 93% contra un 211% de inflación”. También criticaron que las provincias pagan la mitad de lo que abona Nación, poniendo como ejemplo al IOMA en territorio bonaerense.
El anuncio se da en un contexto tenso para la Andis, luego del escándalo por un presunto esquema de corrupción que habría involucrado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo. Desde entonces, la agencia se encuentra intervenida.
La situación se agravó en las últimas semanas, cuando un grupo de manifestantes irrumpió en la sede de la Andis para exigir la aplicación de la ley y aumentos urgentes. Participaron alrededor de 200 personas, entre ellas autoridades de centros de atención, profesionales de la salud y familiares de personas con discapacidad, quienes denunciaron la situación “desesperante” del sector.
A este escenario se suma la reciente orden judicial del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, quien dispuso restituir 3.644 pensiones por incapacidad laboral que la Andis había dado de baja tras una auditoría nacional. El magistrado también ordenó frenar nuevas suspensiones hasta que haya una sentencia definitiva, aunque el organismo solo acató parcialmente la medida y reactivó los pagos correspondientes a esa provincia.
Mientras tanto, la tensión entre los prestadores y el Gobierno sigue en aumento, en un contexto donde la falta de actualización de las prestaciones, las denuncias por recortes y los conflictos judiciales ponen en evidencia una política de discapacidad que todavía no logra estabilizarse.
Fuente: Con información de Data Clave
