La situación de los prestadores de servicios de salud para personas con discapacidad atraviesa un punto crítico. Así lo expresó Cecilia Imboden, integrante del Comité de Prestadores de San Nicolás, en una entrevista brindada al programa “Es por acá” de FM 102.9, donde anticipó la realización de un paro de actividades los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de mayo, con una movilización prevista para el miércoles a las 18:00 en plaza Mitre, en reclamo de condiciones sostenibles para el sector.
“Hoy los prestadores no podemos más. Estamos trabajando con un nomenclador congelado desde septiembre del año pasado, con tarifas que no cubren ni la mitad del valor mínimo sugerido por los colegios profesionales”, explicó Imboden. Según detalló, una sesión hoy se paga alrededor de $12.000, mientras que el mínimo establecido ronda los $20.000.
Además de los valores insuficientes, las demoras en los pagos por parte de obras sociales y mutuales agravan la situación. “Hay tratamientos que se están cobrando con cinco meses de atraso. Algunos ni siquiera fueron abonados todavía, pese a que fueron prestados en 2023. Muchos centros están cerrando porque no pueden sostener alquileres, servicios e impuestos”, agregó.
El Comité local está integrado por 18 equipos interdisciplinarios que brindan atención en áreas como fonoaudiología, psicopedagogía, terapia ocupacional, musicoterapia y neurodesarrollo. Cada equipo mantiene un cupo reservado para pacientes en espera, a quienes no pueden atender ni reemplazar hasta que las autorizaciones estén aprobadas, lo que representa un freno a su trabajo diario.
“Esta no es una situación nueva, no responde a un gobierno en particular. Es un reclamo que se arrastra hace años, pero que ahora es insostenible. Veníamos esperando que algo cambiara, pero no pasó”, señaló Imboden. Los aranceles están regulados por el nomenclador nacional, que depende de la Superintendencia de Servicios de Salud y determina cuánto se puede cobrar por cada prestación. “Estamos regulados por el Estado, no podemos establecer tarifas propias aunque haya inflación o aumenten los costos”, explicó.
Con esta medida de fuerza, los prestadores buscan visibilizar una problemática que —según advirtieron— afecta no solo a profesionales, sino también a familias, transportistas, acompañantes y pacientes. “La discapacidad no avisa cuándo puede tocarte. Hoy nos toca a nosotros desde este lugar, pero mañana cualquiera puede necesitar estos servicios”, concluyó.
