Como forma de darle respuesta a miles de familias en nuestro país, un diputado presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. En la actualidad, no existe una legislación específica que establezca protocolos básicos a seguir cuando alguien desaparece, lo que lleva a que cada investigación dependa del criterio, los conocimientos y los recursos que existan en la jurisdicción donde la persona desaparece. En ese sentido, tampoco está claro cuántas personas hay desaparecidas en nuestro país.
El proyecto fue presentado por el diputado Carlos Cisneros (Unión por la Patria). Allí, entre otros aspectos clave, el proyecto propone que debe registrarse como “persona desaparecida” a toda persona cuyo paradero se desconozca, desde el mismo momento en que se advierte su ausencia, es decir, de “forma inmediata y sin dilaciones, y continuar hasta que se determine con certeza el destino de la persona desaparecida”.
La presentación del diputado hace foco en fortalecer al Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu), un programa que depende del Ministerio de Seguridad y es el encargado de coordinar todos los recursos federales ante una búsqueda. También tiene la capacidad de llevar un registro de desapariciones. No obstante, al no existir una normativa específica, el funcionamiento del SIFEBU depende directamente de la decisión política de brindarle financiamiento.
La iniciativa también promueve la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida. Con este organismo busca resolver una de las grandes falencias del sistema actual: la falta de datos confiables sobre cuántos argentinos hoy tienen paradero desconocido.
En ese mismo marco, se propone la creación de un Consejo Federal de Búsqueda de Personas para conectar a todas las instituciones del país que se activan ante una desaparición y propone la elaboración de una Base Nacional de Datos Genéticos de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida que concentre los hallazgos de restos NN con el objetivo de identificarlos.
“No puede ser que las familias pasen años con la incertidumbre de saber qué le habrá pasado a su ser querido. Una norma con jerarquía de ley le da estabilidad institucional, establece obligaciones concretas del Estado”, considera Cisneros.
La cifra es consistente con el informe de gestión de 2024 presentado por el propio Sifebu. El organismo informa que, a fines del año último, había 43.450 búsquedas activas en todo el país pero estimaba que alrededor del 90% estaban sin efecto, sobre todo porque la persona había sido localizada pero la búsqueda no se había dado de baja.
La iniciativa de Cisneros fue girada a distintas comisiones, como Derechos Humanos y Garantías, Justicia, Seguridad Interior y Presupuesto y Hacienda, y espera su tratamiento. “El objetivo es lograr un consenso amplio porque creemos que este es un tema que trasciende los colores políticos y tiene que ver con una deuda del Estado con las familias”, sostuvo el legislador.
Fuente: Con información de Data Clave
