
En el marco de la denominada causa Atanor, se realizó el viernes la audiencia convocada por la jueza Luciana Díaz Bancalari, con los representantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); los abogados de ATANOR y de la organización ambientalista Asociación Civil Foro Medio Ambiental (FOMEA), junto a personal profesional de la empresa; expertos pertenecientes a la Mesa de Gestión Universitaria; eñ subsecretario del Ministerio de Ambiente bonaerense; referentes de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) y el subsecretario de Contralor de la Municipalidad de San Nicolás.
Se recordó a los participantes que, desde el dictado de la sentencia del 6 de marzo, Atanor estaba obligada a realizar un convenio con el CONICET para practicar, entre otras medidas, una evaluación de riesgo ambiental.
En torno a ello la empresa fue intimada en reiteradas ocasiones y sancionada con multa en fecha 1° de agosto de 2023 -confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, el 19 de octubre del mismo año- por el incumplimiento de esa obligación. Finalmente, el convenio fue firmado el pasado 12 de julio.
De acuerdo a lo informado oficialmente, de la reunión surgió que el contenido del convenio no estaba ajustado a los eventos ocurridos este año, en tanto el CONICET no tenía al momento de la firma información formal -que debía ser suministrada por su contraparte- sobre las causas de la explosión sucedida el 20 de marzo.
Tampoco tenía conocimiento de los resultados de análisis de muestras tomadas por la ADA en los pozos de extracción de agua de la empresa que alertan sobre la existencia de contaminantes; ni habían analizado el nuevo Plan de Gestión Ambiental (PGA) presentado por la empresa para funcionar.
Como conclusión, la empresa se comprometió frente al Juzgado a brindar la información necesaria para adecuar ese convenio a la realidad de Atanor y especialmente, a reducir los tiempos para obtener los resultados de tan importante evaluación.
El Juzgado hizo saber que, de acuerdo a lo que surgió de la reunión, en una evaluación de riesgo se analizan entre otras variables, la eficacia de los sistemas de alarma ante una emergencia, la que -según hipótesis de la empresa- fue el 20 de marzo visible para un solo operario que no la supo interpretar.
De ahí, la importancia de su cumplimiento oportuno y la necesidad de acortar plazos para que tan importante estudio se realice en el menor tiempo posible.
Se desarrolló posteriormente una Mesa de Trabajo ordenada por el Juzgado -sin la presencia de la magistrada a cargo del presente amparo- y con asistencia de abogados y personal de planta Atanor y representantes de la Municipalidad; del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aire; de la Autoridad del Agua y de la Mesa de Gestión Ambiental de las universidades públicas.
“Es importante hacer saber que esta forma de trabajo permite acortar sensiblemente los plazos para una posible apertura de la empresa en la medida que se evidencia que, a la fecha, Atanor no cuenta con los permisos de habilitación pertinentes expedidos por el Ministerio de Ambiente por falta de presentación de documentación”, según confirmaron desde la Justicia.
Al finalizar la Mesa de Trabajo se informó a la jueza Díaz Bancalari, que permitió delinear entre la empresa y los organismos de contralor públicos -Medio Ambiente, ADA y Municipio- un cronograma de compromisos y acciones tendientes a dar cumplimiento con los permisos administrativos necesarios que, de acuerdo a la normativa vigente, deben contar para evaluar una posible reapertura.