A medida que el tiempo transcurre sin respuestas contundentes, la desesperación de la familia de Juan Pablo Ferreyra se transforma en una denuncia pública de gravedad institucional. En las últimas horas, allegados al joven fallecido señalaron una sistemática “limpieza” de cartelería en la vía pública y apuntaron contra presuntas influencias políticas que estarían ralentizando el avance de la causa judicial.
El pedido de justicia por la muerte de Juan Pablo Ferreyra ha tomado un giro de alta tensión. Lo que comenzó como un reclamo por el esclarecimiento de un hecho trágico, hoy se ha convertido en una confrontación directa contra la administración local. Los familiares del joven sostienen que existe una intención deliberada de “invisibilizar” su lucha, denunciando que los folletos y banderas colocados en postes de luz y espacios públicos son retirados sistemáticamente.
“Nos quieren callar”
Daiana Velázquez, tía de la víctima y una de las voces más activas en la búsqueda de respuestas, expresó con crudeza el sentimiento que atraviesa a la familia. “Existe la libertad de expresión y queremos que nos dejen expresar, porque nos están sacando los folletos de pedidos de justicia de los postes de luz y banderas que hemos dejado”, manifestó. Para la familia, este accionar no es casual ni responde a una cuestión de limpieza urbana, sino a un intento de callar un reclamo que incomoda.
La denuncia de Velázquez no se detuvo en la cartelería. La mujer dirigió sus palabras hacia la cúpula del Ejecutivo local, mencionando directamente al Intendente Santiago Passaglia. En su declaración, la mujer sugirió que existirían interferencias externas que dificultan el proceso: “Queremos que Santiago Passaglia deje de meter su mano negra en la causa”, sentenció, reflejando una profunda desconfianza en la independencia de los tiempos judiciales respecto al poder político.
Pruebas que no llegan y sospechas de impunidad
El eje del conflicto radica en la lentitud de las pericias fundamentales. La familia no comprende por qué, a esta altura del proceso, todavía no se cuenta con los resultados definitivos de alcoholemia y otras pruebas técnicas que son vitales para determinar la responsabilidad de Sebastián Casimiro, el principal señalado por los familiares en el hecho.
“Cómo puede ser que tarden tanto los resultados. Cómo pueden ser tan injustos. ¿Acaso no tienen hijos o hermanos a los que les pueda pasar algo parecido?”, se preguntó Daiana Velázquez, poniendo en tela de juicio el peso que Sebastián Casimiro tendría dentro de la estructura municipal. Para los allegados a Juan Pablo Ferreyra, el retraso burocrático es interpretado como una maniobra de encubrimiento, una sospecha que crece ante cada día de silencio pericial: ‘’ ¿Será porque el padre (del implicado) estuvo muchos años en el Sindicato de Trabajadores Municipales?’’, se pregunta una vecina.
Un reclamo que busca evitar el olvido
Desde el punto de vista periodístico, el caso se encuentra en una etapa de definiciones técnicas. Si bien la justicia debe determinar la carátula final y las responsabilidades penales bajo el debido proceso, el reclamo social ya ha dictado su veredicto de desamparo. La familia insiste en que no cesará en sus manifestaciones hasta que la causa se mueva con la celeridad que un hecho de esta magnitud requiere.
Mientras las banderas desaparecen de las calles, el nombre de Juan Pablo Ferreyra se vuelve un símbolo del pedido de transparencia en San Nicolás. La pregunta que hoy flota en el aire, y que el municipio deberá responder tarde o temprano, es si la ciudad es verdaderamente “modelo” en sus instituciones o si, como denuncia la familia, el peso de los nombres propios sigue siendo más fuerte que la balanza de la justicia.
