El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, a cargo de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de la familia Passaglia, presentó su renuncia, que de ser aceptada implicaría la pérdida de los fueros y que se concrete la detención domiciliaria que fue ordenada en tres causas penales en las que está acusado por extorsión y vínculos con el narcotráfico.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Bailaque presentó ayer su renuncia en el Ministerio de Justicia de la Nación, sin dar explicaciones y para que se haga efectiva a partir del 1 de julio próximo. El Poder Ejecutivo no está obligado a aceptar la renuncia. En caso de hacerlo, el magistrado podría ser detenido, pero también se caería la causa por mal desempeño de sus funciones que tramita el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde está citado para el próximo martes.
Bailaque es el titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario, uno de los encargados de investigar el crimen organizado en una de las ciudades con mayores índices de violencia del país por la lucha territorial por la venta de drogas. El magistrado tiene tres causas penales en su contra: por armar un expediente falso a empresarios y extorsionarlos para que le paguen 200 mil dólares; y por tener vínculos con Esteban Lindor Alvarado, uno de los jefes narcos más importantes de Rosario, para quien demoraba investigaciones en su contra.
Por esos hechos, los fiscales federales de Rosario Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari, junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco, y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), de Diego Iglesias, investigaron a Bailaque y lo acusaron formalmente. El juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz dispuso a fines de abril la prisión preventiva de Bailaque, y luego la Cámara Federal de Rosario la mantuvo, pero en modalidad de arresto domiciliario por 90 días, que pueden prorrogarse. Además, el tribunal redujo el embargo sobre los bienes del juez y mantuvo la prohibición de salida del país. Todo esto fue ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal la semana pasada.
Con esa decisión, Bailaque debería estar preso, pero sus fueros como juez lo impiden. La expectativa es que, antes de fin de año, comience el juicio oral en su contra.
En paralelo a la causa penal, se tramita una acusación por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La Comisión de Acusación lo citó a presentar su descargo el próximo martes. El juez ya informó que lo hará por escrito. Luego de esa audiencia, el Consejo podrá decidir si avanza con la acusación, lo suspende en el cargo y lo envía a juicio político. Recién en esa etapa es cuando Bailaque puede ser destituido y así perder los fueros que lo protegen de ser detenido.
Con la presentación de la renuncia cambia el escenario. Primero debe ser aceptada por el gobierno nacional, que también tiene la opción de no hacerlo. Si se acepta, Bailaque deja de ser juez, pierde sus fueros y es detenido. Además, se cierra la denuncia en el Consejo porque allí se tramita en calidad de juez. También puede acceder a la jubilación.
Pero si el gobierno no acepta la renuncia, continúa el trámite en el Consejo de la Magistratura, y Bailaque podría ser enviado a juicio político y destituido —en ese escenario perdería la jubilación—, pero hasta entonces seguiría siendo juez.
Como paso previo a la decisión, el Ministerio de Justicia de la Nación le pedirá al Consejo un informe sobre la situación de Bailaque.
Las tres causas contra Bailaque
Una es por una denuncia falsa presentada en la AFIP de Rosario, luego remitida a su juzgado, contra los empresarios Jorge Oneto y Claudio Iglesias. Un anónimo los acusaba de lavar dinero para el grupo narco “Los Monos”.
El ex titular de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna, declaró como arrepentido y afirmó que la maniobra fue armada en el quincho del edificio donde vive Bailaque, junto al juez y su amigo, el empresario Fernando Whpei —actualmente con detención domiciliaria—, quien se reunió con los denunciados para decirles que podía “arreglar la causa” a cambio de 200 mil dólares. Los empresarios finalmente pagaron 160 mil dólares.
La segunda causa es por maniobras dilatorias para favorecer al narco Alvarado y su exesposa, Rosa Natalí Capuano. En concreto, se le imputó demorar una orden para intervenir el teléfono de la mujer. Además, Alvarado y Bailaque compartían al mismo contador, Gabriel Mizzau, cuyo hijo también trabajaba en el juzgado del magistrado.
La tercera causa es por el manejo de fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó a los interventores a desbloquear fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, liderado por Whpei, quien pidió el dinero a los empresarios a cambio de cerrarles la causa falsamente armada por el propio juez.
