En un gigante operativo, 31 personas (entre las que había dos menores de 18 años) fueron rescatadas de dos campos de la provincia de Santa Fe y se investiga un posible caso de trata de personas con fines de explotación laboral por las condiciones en que trabajaban y vivían.
Los 31 trabajadores rurales habían sido traídos por una persona desde una localidad de Santiago del Estero: según se supo, les pagaban 300 mil pesos por quincena, aunque a ese monto les descontaban la comida. Además, hacían sus necesidades en tachos y no tenían agua potable.
Todo se reveló luego de que la División “Coordinación contra el Trabajo llegal” de ARCA informara a la Fiscalía Descentralizada Rafaela que se encontraba realizando un operativo de fiscalización junto con personal de Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en un campo identificado como “Establecimiento Santa Ana”, ubicado en cercanía de la ruta provincial 77, correspondiente a localidad de Pozo Borrado, departamento 9 de Julio, provincia de Santa Fe.
Allí se encontraron primero con una quincena de personas que realizaban tareas de desmalezamiento en el lugar. Entre ellos había dos menores de diecisiete años. El grupo vivía allí en campamentos improvisados y totalmente precarios, bajo condiciones de vivienda deplorables.
Según explicaron, eran todos de la localidad de Los Juríes, provincia de Santiago del Estero, y su jornada era de lunes a lunes de 8 a 18, con salarios muy bajos (aproximadamente $300.000 por quincena). Agregaron que se les descontaba el valor de la comida durante las jornadas. Respecto de sus condiciones de vida, refirieron que harían sus necesidades fisiológicas en tachos y que no tenían fuentes cercanas de agua potable.
Los inspectores detectaron en un campo lindante llamado “La Revancha e IsabelIiana SA”, de la misma firma, otras cinco personas en idénticas condiciones de precariedad, y más campamentos en estados deplorables. Ellos también afirmaron haber sido trasladados por una persona, que sería el encargado de los establecimientos, desde Los Juríes hasta ese lugar donde prestaban las tareas referidas.
Por ese motivo, la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela -a cargo de Jorge Gustavo Onel- le solicitó al juez de Garantías Rodríguez Da Cruz una orden de registro del lugar, el allanamiento del casco de los establecimientos y la requisa de los rodados. Todas esas medidas fueron llevadas a cabo entre la noche del jueves y la mañana del viernes por personal de la Agencia de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI). Allí se procedió a rescatar a un total de 31 personas, que vivían en esas condiciones.
Complementariamente, se dio intervención a la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, quienes se encargaron tanto del alojamiento de todas las personas como de su alimentación, junto con la Municipalidad de la ciudad de Tostado. Además, se dio intervención al Programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata de Personas, correspondiente al Ministerio de Justicia de la Nación, quien prestó colaboración para realizar entrevistas a todas las personas y a la Procuraduría contra la Trata de Personas dependiente de la Procuración General de la Nación.
Como resultado de los allanamientos practicados, el juez ordenó el secuestro de teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones y se identificaron a dos personas que quedaron sujetas a la causa. De las primeras entrevistas, surge que las personas rescatadas no tenían posibilidad de retirarse del lugar, no tenían medios de comunicación, varios de ellos no sabían leer ni escribir y solo algunos de ellos tenían documentos de identidad. Todos se hallaban en situación de vulnerabilidad, precisaron las fuentes judiciales.
Fuente: Con informacion de Data Clave
