En una sesión que marca un antes y un después para la explotación de recursos estratégicos, el Senado de la Nación aprobó y giró a Diputados la reforma de la Ley de Glaciares. Con 41 votos a favor, el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional —y acompañado por gobernadores de distinto signo político— busca armonizar la protección del medio ambiente con la necesidad urgente de reactivar la economía argentina a través de la minería y la industria.
Las Provincias recuperan el mando
El corazón de la reforma radica en el artículo séptimo, que otorga a las provincias la facultad de ser la autoridad de aplicación. Esto significa que cada distrito, basándose en criterios técnico-científicos rigurosos, identificará los glaciares y ambientes periglaciales que realmente actúan como reservas hídricas estratégicas.
Hasta ahora, una normativa rígida y muchas veces interpretada de forma arbitraria desde Buenos Aires, mantenía paralizados proyectos que podrían generar miles de puestos de trabajo. “No es una elección entre el agua y el desarrollo; es terminar con una zona gris que no protegía el recurso y sí mataba la inversión”, explicaron voceros del oficialismo.
¿Qué significa esto para un nicoleño?
Aunque San Nicolás está muy lejos de tener glaciares, la salud de la economía nacional impacta directamente en nuestra ciudad. Como polo siderúrgico e industrial, San Nicolás es proveedora natural de insumos, maquinaria y servicios para la industria pesada.
- Crecimiento en cadena: El despegue de la minería en el norte y la cordillera genera una demanda masiva de acero y servicios que salen de plantas como las nuestras.
- Energía y Recursos: Una Argentina que produce y exporta minerales es una Argentina con divisas, lo que garantiza la estabilidad necesaria para que el comercio local y la industria nicoleña sigan operando sin los sobresaltos del pasado.
- Seguridad Jurídica: Al clarificar las reglas de juego, el país se vuelve un destino confiable para capitales extranjeros, algo vital para que el “derrame” de esa riqueza llegue a todas las provincias, incluida Buenos Aires.
El fin de la “burocracia anticientífica”
Durante el debate, se destacó que la ley actual trataba de igual manera a un glaciar eterno que a una “roca congelada” a 4.000 metros de altura sin valor hídrico real. Con los nuevos cambios, el IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología y Glaciología) seguirá siendo un actor de consulta, pero serán los cuerpos técnicos territoriales —quienes mejor conocen el suelo que pisan— los que definan la viabilidad de los proyectos.
Como bien señaló la senadora Flavia Royón en el cierre: “El cuidado del agua está por sobre todo, pero se precisa proteger lo que hay que proteger basándose en estudios científicos y de campo reales”.
