En la Argentina, el Código Penal vigente es mucho más que un simple compendio de delitos: es el instrumento que delimita con la mayor intensidad cuándo el Estado puede castigar y de qué modo. Esa centralidad exige claridad, coherencia interna y proporcionalidad.
Sin embargo, el texto sancionado en 1921 llega al presente con un problema estructural evidente: fue modificado a lo largo de décadas mediante más de 900 reformas parciales que, acumuladas, alteraron su racionalidad original y deterioraron el equilibrio del sistema de penas.
Para comprender la dimensión del problema conviene observar el largo recorrido de la codificación penal argentina.
En 1864, el Poder Ejecutivo encargó a Carlos Tejedor la redacción de un proyecto de Código Penal, paso decisivo hacia la unificación normativa. Luego, en 1886, se sancionó el primer Código Penal nacional, que sería reemplazado por el de 1921 tras un proceso legislativo amplio que buscó ordenar la legislación dispersa y construir consensos. Ese origen no fue improvisado: respondió a la necesidad de sistematizar el derecho penal y dotarlo de coherencia.
Con el paso del tiempo, ese diseño orgánico fue perdiendo consistencia. Las reformas sucesivas, impulsadas muchas veces por urgencias coyunturales o demandas mediáticas, generaron un mosaico normativo difícil de interpretar y aplicar con uniformidad. El resultado es un derecho penal más complejo para jueces, fiscales, defensores, fuerzas de seguridad y ciudadanos; menos transparente para las víctimas; y con escalas penales que, en ocasiones, pierden proporcionalidad.
La necesidad de una reforma integral no es meramente técnica: es una cuestión de seguridad jurídica. Un Código Penal moderno funciona como un mapa que define qué conductas están prohibidas y cuáles son las consecuencias jurídicas. Cuando ese mapa se convierte en un collage de parches normativos, el sistema pierde previsibilidad y coherencia.
A ello se suma un cambio social y tecnológico radical respecto de 1921. La criminalidad contemporánea incluye modalidades que el legislador de principios del siglo XX no podía prever: delitos informáticos, fraude digital masivo, robo de datos, manipulación de información, estafas virtuales y producción de imágenes falsas mediante inteligencia artificial. También se han multiplicado formas de criminalidad urbana de alta frecuencia -como robos en motocicleta, entraderas o salideras bancarias- que reclaman tipificaciones claras y criterios penales consistentes.
Este escenario exige no sólo nuevos tipos penales, sino también revisar la ejecución de la pena, los beneficios, la protección de víctimas y las herramientas de investigación para delitos complejos y organizaciones criminales. En un mundo donde el delito trasciende fronteras, la cooperación internacional ya no es opcional: es una condición para combatir eficazmente el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y el terrorismo.
Existen además razones constitucionales. El derecho penal constituye el núcleo más severo de la potestad estatal y debe operar bajo estrictos principios de legalidad, previsibilidad y defensa en juicio, tal como lo consagra el Artículo N° 18 de la Constitución Nacional. Un sistema fragmentado y desordenado pone en riesgo esos estándares.
Reformar integralmente el Código Penal no implica empezar desde cero, sino ordenar, sistematizar y actualizar lo existente. Significa recuperar coherencia, concentrar la legislación dispersa en un único cuerpo normativo y adaptar el lenguaje jurídico a las modalidades delictivas contemporáneas sin sacrificar garantías.
También representa un acto de calidad institucional: volver legible el derecho penal, reducir la fragmentación normativa y establecer criterios comunes para todos los actores del sistema.
Además, permite fortalecer el rol de las víctimas, prever agravantes cuando los delitos afectan a personas vulnerables y armonizar la legislación con los tratados internacionales de derechos humanos.
En definitiva, la discusión de fondo no es si el Código Penal debe cambiar algo, sino si puede seguir funcionando como un verdadero código después de un siglo de remiendos. Un país que aspira a fortalecer su institucionalidad necesita un sistema penal coherente, proporcional y comprensible.
Actualizar el Código Penal es, ante todo, un acto de orden democrático. Es devolver previsibilidad al sistema, fortalecer garantías y ofrecer respuestas eficaces a las formas de delito del presente.
No se trata de borrar la historia jurídica argentina, sino de honrarla: hacer que el derecho penal vuelva a ser un sistema ordenado, moderno y acorde a los desafíos del siglo XXI.
