A través del decreto 1081/24, el Gobierno bajó la edad para tramitar la credencial de Legítimo Usuario de Armas, el primer requisito para poder adquirir una.
El argumento es que la mayoría de edad se redujo de 21 a 18 con la última reforma del Código Civil, por lo que era necesario unificar los criterios. Esto podría parecer un motivo razonable, pero ¿por qué se implementa casi quince años después de dicha modificación?
No quiero entrar en especulaciones, sino simplemente reflexionar sobre lo simbólico del mensaje. El Estado habilita a tener armas a personas muy jóvenes en un momento donde el discurso público está dominado por la violencia, el insulto y la discriminación.
Las estadísticas son una prueba irrefutable de que los que más mueren por armas de fuego son varones y jóvenes. Según el estudio sobre Juvenicidio armado en América Latina realizado por Alejandra Otamendi, el 80% de los homicidios de personas de entre 10 y 19 años fueron cometidos con este tipo de armas.
Otro riesgo adicional es que tener armas se ponga de moda entre los jóvenes, reforzando la idea de que otorgan poder, prestigio y valentía.
En general, en la región, la edad mínima para adquirir armas es de 18, en consonancia con la mayoría de edad. Sin embargo, en Brasil se establece a los 25, mientras que en Estados Unidos es de 21 para armas de fuego de mano.
El Estatuto de Desarme, aprobado en Brasil en 2005 por presión social, estableció medidas restrictivas para el control de armas, incluida la edad mínima. Durante la presidencia de Jair Bolsonaro, el acceso se liberalizó mediante unos 30 decretos que flexibilizaron restricciones, aumentaron la cantidad de armas permitidas para civiles y facilitaron el acceso a calibres mayores. Sin embargo, la ley nunca pudo modificarse.
Hay algunos casos como en Argentina que se establece un diferencial de edad para determinadas actividades relacionadas con el riesgo. Si bien se puede obtener la licencia de conducir a los 16 años, para la licencia profesional la edad es de 21. En Brasil, el seguro del auto es más caro para jóvenes hasta los 24 años por las estadísticas de riesgos de accidentes.
Desde el Gobierno, se están impulsando dos leyes, que cuentan con la sanción de la Cámara de Diputados y resta la aprobación del Senado para convertirse en ley sobre: la regularización del mercado de armas, que establece ciertos incentivos para los legítimos usuarios con credenciales vencidas y para aquellos que quieran “blanquear” sus armas. Este proyecto, aunque necesario, presenta algunos problemas.
El segundo proyecto es la implementación del Plan de Entrega Voluntaria por cuatro años, que está vencida hace más de uno y que ha sido prácticamente la única política pública de prevención de violencia armada.
Poseer un arma es un privilegio, no un derecho como lo establece la segunda enmienda de la Constitución de EE.UU. Comunicarlo de este modo es clave para evitar que algunos se sientan legitimados a ejercer la violencia.
Fuente: Por María Pía Devoto, directora de la Asociación para Políticas Públicas (APP), coordinadora de la Red de Seguridad Humana en América Latina y el Caribe (Sehlac)
