Rosa Romero, de 84 años, vecina de San Nicolás, enfrenta una situación judicial que considera insólita: la casa donde vive desde hace más de sesenta años figura a nombre de la Municipalidad. Su abogado denunció el caso y advirtió que algo similar podría ocurrirle a cualquier ciudadano.
En diálogo con COSA CIERTA, Rosa relató: “Vivo en Álvarez 649 desde que tenía 24 años. Con mi marido compramos en 1983 y escrituramos en 1984 al doctor Raúl Sívori”, contó. Según explicó, por problemas de salud se atrasó algunos meses en el pago de tasas municipales, aunque nunca abandonó la vivienda. “En octubre de 2024 nos dimos cuenta de que la propiedad figuraba a nombre de la Municipalidad. Fuimos con mi hijo y nos enteramos de que ya estaba inscripta a nombre del intendente desde ese año”, aseguró.
El abogado Gabriel Ruíz explicó que la mujer “paga la luz y los impuestos, por lo tanto el atraso en tasas municipales no justifica una prescripción adquisitiva, o sea, una usucapión”. Aclaró que este proceso no es automático, sino que “debe existir una posesión efectiva y un destino público del terreno por parte del municipio”.
Rosa insistió en que “nunca se fue de su casa, siempre estuvo ahí”, y su abogado agregó que la sucesión iniciada tras el fallecimiento del esposo quedó trabada “porque el terreno dejó de figurar como patrimonio de la familia”.
Ruíz detalló que la situación se agravó cuando uno de los hijos de la mujer “fue a la Municipalidad a pedir información sobre los impuestos y lo echaron como a un perro”. Ante esto, iniciaron dos acciones judiciales: una en el fuero Contencioso Administrativo, a cargo de la doctora María Isabel Fulgeri, quien pidió informes a la Escribanía General de Gobierno y al municipio; y otra en el fuero Penal, radicada en la UFI N°13 bajo la fiscalía del doctor Giagnorio.
El abogado sostuvo que “los terrenos fiscales son patrimonio de la provincia de Buenos Aires y están bajo la defensa del fiscal de Estado”, por lo que cuestionó la falta de intervención del doctor Hernán Gómez, actual titular del organismo. Además, consideró necesario “investigar si existe una maniobra organizada para simular que ciertos inmuebles están en uso del municipio, luego venderlos y obtener ganancias ilegales”, ya que, según señaló, “no sería el único caso en el partido de San Nicolás”.
En el expediente contencioso, la jueza ordenó que el municipio presentara un informe completo en 15 días, pero el plazo venció sin respuesta.
Rosa contó que en las seis décadas que lleva viviendo en esa casa nunca antes ningún intendente intentó quitarle la vivienda. “Siempre pagué la luz y los impuestos, aunque uso garrafas porque no tengo gas natural”, detalló. Explicó que el servicio eléctrico está a su nombre desde 1983, cuando junto a su marido regularizaron la compra.
En cuanto a su salud, mencionó que padece tiroides, osteoporosis, EPOC y secuelas de un ACV que le afectaron la audición. Esa fragilidad, reconoció, agrava la angustia por el conflicto legal.
“Todo esto me afectó muchísimo: la tristeza, la falta de apetito, la angustia. Tengo miedo de quedarme en la calle”, dijo con voz entrecortada. “Hoy no tengo nada en el registro de la propiedad. No entiendo cómo, teniendo escritura y bien de familia, pueden sacarme mi casa.”
Antes de terminar la charla, Rosa se dirigió al jefe comunal con un pedido directo: “Que tenga dos dedos de frente y se ponga en mi lugar. No robé nada, la compré con mi marido y mis hijos. Que me devuelva mi casa. Si tiene coraje, que me diga por qué me la sacó.”
