Aunque existe la creencia de que las infracciones desaparecen por el solo paso del tiempo, el proceso de prescripción no es automático y depende estrictamente de la gravedad de la falta cometida.
Según el marco general, las infracciones leves caducan a los dos años, mientras que las consideradas graves o las sanciones ya firmes extienden su exigibilidad hasta los cinco años.
Este criterio se aplica de manera dispar en el territorio nacional, ya que distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han alineado sus plazos a un máximo de cinco años para todos los casos desde hace tiempo, mientras que provincias como Córdoba mantienen un esquema diferenciado con un plazo único de tres años que requiere una gestión personal ante el Juzgado de Faltas. En otros puntos del país, como Neuquén o la Provincia de Buenos Aires, se respeta la división entre faltas leves y graves, permitiendo al infractor solicitar la baja del sistema una vez cumplido el periodo legal.
Es fundamental entender que este reloj de prescripción puede detenerse o reiniciarse si el conductor comete una nueva falta grave o si existe un proceso judicial en marcha, lo que convierte a la reincidencia en el principal obstáculo para la caducidad de la deuda.
Para quienes buscan regularizar su situación, la tecnología se ha convertido en la herramienta principal. A través del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito se puede verificar de forma gratuita el estado de las actas vinculadas a un DNI o vehículo. En caso de que una multa haya superado los plazos legales pero siga figurando como pendiente, los ciudadanos cuentan con mecanismos de reclamo que van desde la atención presencial con turno previo hasta el uso de canales virtuales y chatbots oficiales.
Estas gestiones permiten acreditar el cumplimiento de los tiempos de prescripción y obtener la baja definitiva de la infracción, evitando así pagos innecesarios por deudas que, legalmente, ya han perdido su fuerza ejecutiva.
