En San Nicolás, abrir la canilla parece ser un acto de fe. Pero la fe choca de frente con los papeles: según consta en las fojas del Juzgado Federal, la “limpieza” del agua nicoleña es, cuanto menos, cuestionable. Estudios lapidarios del CIMA (Universidad de La Plata) y del CONICET ya le pusieron nombre y apellido al miedo de los vecinos: atrazina y glifosato. Sustancias que no deberían estar ahí, pero que los peritos detectaron en el suelo y en las napas de la zona industrial.
El silencio de los que deben cuidar
El punto más caliente no es solo la contaminación, sino la omisión. Mientras el municipio y el Ente de Aguas sacan pecho con informes de potabilidad básicos, la pregunta que quema es: ¿Por qué no buscan lo que la justicia ya encontró? Los testeos de rutina parecen mirar para otro lado, ignorando los agroquímicos que el propio Fallo de la Cámara de Rosario señaló como un peligro de daño irreversible. Es la libertad de mercado mal entendida: permitir que el pasivo de unos pocos lo paguen los pulmones y los riñones de todos.
Zonas de sacrificio
Los barrios Química y Rivadavia no son solo puntos en el mapa; son el testimonio vivo de una desidia que lleva décadas. “Si la justicia dictó cautelares por ‘peligro inminente’, ¿cómo nos dicen que nos quedemos tranquilos?”, reclaman desde las ONG ambientales. En un sistema eficiente, la salud del contribuyente no se negocia por una planilla de Excel.
La realidad es cruda: hay una San Nicolás que brilla en las luces LED del centro y otra que se pregunta si el mate de la mañana viene con “aditivos” que nadie autorizó. La libertad también es el derecho a no ser envenenado por la ineficiencia de un Estado que llega tarde a los barrios pero temprano a las cajas de cobro. El mapa de las sombras ya no está en las calles, está bajo tierra.
