Los desarrollos edilicios de gran escala que avanzan en distintos sectores de la ciudad comenzaron a generar cuestionamientos por el uso del espacio público. En Avenida Savio y Bolívar, el cerramiento perimetral de una obra privada ocupa la totalidad de la vereda y obliga a los peatones a caminar por la calle para continuar su recorrido, con los riesgos que ello implica.
Una verdadera odisea peatonal
El punto central del descontento radica en las serias dificultades que padecen diariamente las personas mayores o con movilidad reducida al intentar transitar por la zona. Las vallas metálicas dispuestas por la firma a cargo —reconocida localmente por concentrar la mayor cantidad de obras públicas y privadas en simultáneo a lo largo y ancho del distrito— fueron colocadas al límite extremo de la acera, prácticamente pegadas al cordón de la calle. Al quedar confinadas entre los chapones y los postes de luz preexistentes, las veredas quedaron reducidas a la nada, forzando a los adultos mayores a realizar peligrosas maniobras de equilibrio en un espacio mínimo para no caer al asfalto o golpear contra las estructuras.
Antecedentes que preocupan
La recurrencia de estas prácticas reavivó los cuestionamientos sobre los criterios de fiscalización que se aplican a este poderoso gigante de la construcción local. Las críticas vecinales apuntan a la aparente laxitud en los controles, un malestar potenciado por antecedentes recientes de gravedad edilicia relacionados con la misma corporación.
Cabe recordar que a principios de marzo de 2026, un imponente muro de 30 metros de longitud por 7 de altura se desplomó debido a ráfagas de viento en el predio de Avenida Savio y Rotonda Sur, donde se proyecta el futuro complejo de cines y centro comercial. Si bien las características horarias del derrumbe impidieron que se registraran heridos, el episodio instaló una profunda preocupación comunitaria respecto a los márgenes de seguridad empleados por la constructora en sus múltiples proyectos paralelos.
El marco legal desoído
Frente a este escenario, las obligaciones fijadas por las leyes vigentes son claras. A nivel nacional, el Código Civil y Comercial de la Nación determina en sus artículos 235 y 240 que las veredas constituyen bienes de dominio público y que el ejercicio de derechos privados no puede alterar la seguridad pública ni los derechos colectivos.
Asimismo, el artículo 23 de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 prohíbe explícitamente la colocación de vallados que impidan la circulación peatonal sin desvíos adecuados. En el orden local, las Ordenanzas Municipales de Obras Privadas de San Nicolás estipulan de manera taxativa que los cercos provisorios bajo ningún concepto pueden anular el paso, exigiendo pasarelas protegidas o señalización segura para resguardar a los ciudadanos.
