Mientras termina de pulir la estrategia para defender el veto en el Congreso, el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para arancelar las universidades públicas a los extranjeros no residentes. Se trata de una iniciativa que estaba contenida en la primera versión de la ley Bases.
En los últimos meses se viene cocinando un proyecto de ley entre las carteras de Educación y de Modernización del Estado, que propone cambios en la enseñanza obligatoria y superior. Según supo Ámbito, la letra chica del texto persigue los objetivos que habían sido incluidos en un primer proyecto de la ley “Ómnibus” que no logró pasar el filtro del Parlamento en el verano.
Uno de los puntos que proponía la normativa era la de implementación de aranceles para todos aquellos extranjeros que, sin residencia ni radicación, quieran estudiar alguna carrera de estudio superior (universitarios y terciarios). La propuesta abarcaba a las instituciones de “educación superior de gestión estatal” y a universidades nacionales, y dejaba afuera del arancelamiento a los argentinos nativos y a los extranjeros con residencia en el país.
La propuesta nunca vio la luz ya que la ley “Ómnibus” fue retirada del Congreso por decisión del Poder Ejecutivo. Y, posteriormente, no fue incluida en la ley Bases aprobada en junio. Sin embargo, la administración libertaria no la abandonó por completo sino que, en silencio, comenzó a trabajar en un proyecto, aguardando el momento para su presentación.
Pese a la propuesta libertaria, en la mayoría de las universidades nacionales del país los extranjeros no pueden estudiar sin ser residentes, con lo cual resta conocer la letra completa de la iniciativa para saber a qué universo se dirige puntualmente el Gobierno.
Aranceles para extranjeros no residentes
Ahora, meses después, el Gobierno busca reflotar la iniciativa, en medio de un fuerte conflicto con las autoridades universitarias, los gremios docentes y la oposición parlamentaria. Entre los principales puntos de la iniciativa oficial se destaca que las universidades podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes y determinar “principios básicos para la asignación de recursos de las universidades”.
Los cambios que propone el Ejecutivo serán presentados en un proyecto de ley que, eventualmente, debería aprobar el Congreso para que sea efectivizado, dado que actualmente el cobro de un arancel está prohibido por ley Nº 24.521: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.
El debate sobre el cobro a extranjeros no residentes tiene lugar en un contexto en que la administración nacional lleva adelante una revisión de los gastos de las universidades, que se ve acompañado de un ajuste de las partidas para funcionamiento y salarios, en sintonía con los recortes presupuestarios del Estado en áreas del PEN y organismos descentralizados.
El proyecto de reforma de la educación en el que trabajan las carteras de Educación y Modernización también propone establecer un examen al finalizar la educación secundaria, con el objetivo de fortalecer la política de evaluación Aprender. Además, prevé evaluación a docentes “en un período no mayor a 4 años”. Y aquellos profesionales que ingresen a la docencia deberán completar un ciclo pedagógico.
Asimismo, en el caso de las universidades públicas habilitaría las “evaluaciones externas” dentro de los primeros 6 años “a partir de la normalización”, y desde el “reconocimiento provisorio” en el caso de las instituciones privadas. Con la posibilidad de repetirse el proceso cada 10 años.
Según supo este medio, la reforma buscará determinar una serie de “principios básicos” para la asignación de recursos de las casas de altos estudios. Cabe recordar que, de aprobarse el Presupuesto 2025 tal cual fue redactado, las universidades se verán obligadas a presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias “la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto”.
El proyecto también propone liberar restricciones en cuanto a la educación a distancia “para el ciclo orientado de nivel secundario y enseñanza híbrida a partir del segundo ciclo del nivel primario”, un aspecto que sería “adicional” a la obligatoriedad que rige para la educación presencial.
En otro de los apartados de la reforma, el Ejecutivo propondrá “incentivar a las instituciones escolares a la recaudación de fondos”, bajo el consentimiento de las autoridades, así como la “recepción de contribuciones” de particulares, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Y en lo que refiere a la educación técnica, su duración será “equivalente o máximo de un año adicional a la duración del nivel secundario de cada jurisdicción”.
