El presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás, Daniel Luchelli, enfrenta un cuestionamiento que excede la demora en el tratamiento de un proyecto de ordenanza. Lo que comenzó como una iniciativa ciudadana para garantizar el acceso público a los análisis del agua potable terminó convirtiéndose en una discusión sobre la transparencia institucional, el funcionamiento de las comisiones legislativas y el respeto hacia quienes intentan participar de las decisiones públicas.
El reclamo fue formalizado por el licenciado Gonzalo Arnedillo, quien presentó un escrito de nueve páginas, fechado el 14 de octubre, en el que exige explicaciones sobre el destino de su propuesta y solicita que Luchelli aclare las manifestaciones que le atribuye respecto de las firmas reunidas para acceder a la denominada Banca 21.
La situación plantea un interrogante difícil de eludir: ¿por qué una iniciativa destinada a publicar información oficial sobre la calidad del agua potable lleva meses sin obtener una explicación clara sobre su tratamiento?
El proyecto ingresó en julio y propone crear un sistema municipal de datos abiertos que permita consultar los resultados de los controles realizados sobre el agua que consumen los nicoleños. No exige que los concejales compartan una determinada interpretación de esos análisis ni presupone que exista contaminación. Su objetivo es que la información producida por los organismos responsables pueda ser conocida y examinada por cualquier vecino.
Se trata de una propuesta que, independientemente de su viabilidad técnica o presupuestaria, merece al menos una discusión institucional y una respuesta fundamentada.
Sin embargo, según la documentación presentada por Arnedillo, la iniciativa permanece en la Comisión de Legislación General sin que su impulsor haya recibido información suficiente sobre los motivos de la demora, las eventuales objeciones o los pasos necesarios para avanzar.
La falta de tratamiento no demuestra, por sí sola, una maniobra destinada a bloquear el proyecto. Pero la ausencia de explicaciones tampoco contribuye a despejar esa sospecha.
En un órgano cuya función es debatir, controlar y representar a la ciudadanía, el silencio frente a un pedido formal de información resulta especialmente cuestionable. Las comisiones pueden establecer prioridades, solicitar informes o requerir modificaciones. Lo que deberían evitar es que una iniciativa quede atrapada en un circuito administrativo cuyo funcionamiento resulte incomprensible para quien la presentó.
La controversia adquirió mayor gravedad después de un encuentro que Arnedillo asegura haber mantenido con Luchelli el martes 13 de octubre, en el acceso al recinto legislativo.
Según el relato del profesional, el presidente del Concejo puso en duda que las personas que firmaron para respaldar su pedido de Banca 21 conocieran realmente el contenido de la propuesta.
La afirmación, de haber sido formulada en esos términos, merece una explicación pública.
Cuestionar la validez de una adhesión ciudadana sin identificar irregularidades concretas puede convertirse en una forma de deslegitimar la participación de los vecinos. Si existen firmas observadas, incumplimientos reglamentarios o indicios de que alguien fue inducido a acompañar una iniciativa mediante información falsa, corresponde documentarlos y activar los mecanismos institucionales pertinentes.
Pero si no existe una objeción formal, poner bajo sospecha el conocimiento o la voluntad de quienes firmaron resulta, como mínimo, una actitud desafortunada por parte de quien preside el cuerpo deliberativo.
Precisamente por eso, Arnedillo exige que Luchelli determine si sus cuestionamientos respondieron a hechos comprobables o a una apreciación personal.
La diferencia no es menor. Un presidente del Concejo puede expresar opiniones políticas, pero también tiene la responsabilidad de garantizar que los mecanismos de participación ciudadana funcionen conforme a las reglas establecidas, sin que las diferencias de criterio se transformen en obstáculos arbitrarios.
Otro punto particularmente sensible es la afirmación que Arnedillo atribuye al titular del HCD, según la cual la iniciativa sobre el agua potable no constituiría una prioridad frente a otros asuntos pendientes.
El acceso a los controles de calidad del agua no es una cuestión secundaria para los habitantes de una ciudad. Está relacionado con la salud pública, el ambiente y el derecho a conocer información que se produce mediante la actividad de organismos estatales.
Que existan otros proyectos urgentes no elimina la necesidad de explicar por qué este permanece sin avances conocidos.
Tampoco puede confundirse la publicación de análisis oficiales con una denuncia sobre la calidad del servicio. Arnedillo no sostiene que el agua de San Nicolás esté contaminada. Lo que reclama es que los resultados de los controles estén disponibles para que la población pueda conocerlos sin depender de interpretaciones ajenas.
En ese contexto, la transparencia debería funcionar como una herramienta para fortalecer la confianza pública, no como un asunto incómodo que deba postergarse indefinidamente.
La presentación del 14 de octubre solicita información concreta: fechas de reuniones de la Comisión de Legislación General, actas, registros de asistencia, antecedentes del expediente y eventuales impedimentos técnicos, jurídicos o administrativos para continuar su tratamiento.
También pide precisiones sobre la reunión que, según Arnedillo, no se realizó el 13 de octubre, cuando se presentó en el Concejo con la expectativa de conocer novedades.
Son requerimientos que apuntan a reconstruir el recorrido institucional de una propuesta. Su respuesta permitiría establecer si la demora obedece al funcionamiento habitual de las comisiones, a dificultades específicas del proyecto o a decisiones que todavía no fueron comunicadas.
La responsabilidad política de Luchelli no consiste en garantizar la aprobación de cada iniciativa que llega al Concejo. Consiste, entre otras cuestiones, en conducir una institución capaz de explicar sus decisiones, respetar sus procedimientos y ofrecer canales efectivos para que los ciudadanos sean escuchados.
Presidir el Concejo no implica solamente administrar sesiones y ordenar expedientes. También exige dar respuestas cuando se cuestiona el funcionamiento del cuerpo.
Por eso, el reclamo de Arnedillo tiene una dimensión que va más allá de su proyecto. Si un vecino presenta una propuesta, solicita participar mediante un mecanismo reglamentario, reúne adhesiones y posteriormente debe insistir durante meses para conocer qué ocurre con su expediente, existe al menos un problema de comunicación institucional que merece ser revisado.
La situación resulta todavía más delicada cuando el cuestionamiento alcanza a las personas que acompañaron el pedido con sus firmas.
La Banca 21 tiene sentido como instrumento de participación en la medida en que permita acercar las inquietudes ciudadanas al ámbito legislativo.
Convertir su utilización en una carrera de obstáculos, o generar dudas sobre quienes intentan acceder a ella sin ofrecer fundamentos verificables, contradice el espíritu de apertura que debería caracterizar a una institución representativa.
Arnedillo dejó aclarado en su presentación que no acusa anticipadamente a los concejales de cometer irregularidades ni afirma que exista una decisión deliberada de impedir el tratamiento de su iniciativa. Tampoco exige una aprobación automática.
Lo que reclama es algo más elemental: conocer qué ocurrió con su proyecto, por qué no avanzó y cuáles son los fundamentos de las objeciones que se le atribuyen al presidente del Concejo.
Mientras tanto, la controversia llegó también a la calle. Para este viernes 16 de octubre, a las 17:00 hs., en Mitre y Urquiza, fue convocada una jornada de recolección de firmas destinada a respaldar el pedido de participación ciudadana.
El episodio deja al presidente del Concejo ante una oportunidad concreta de despejar los cuestionamientos: informar el estado del expediente, explicar los criterios de tratamiento y aclarar qué fundamentos existen, si los hay, para poner en duda las adhesiones reunidas.
La discusión ya no se limita a los análisis del agua potable. También alcanza a la manera en que el Concejo Deliberante responde a los vecinos cuando estos piden información, participación y explicaciones.
Y en esa discusión, el silencio institucional difícilmente pueda considerarse una respuesta suficiente.
