La justicia de Puerto Madryn, mediante un juicio abreviado, condenó a Carlos Luciano Elorduy, un interno que actualmente cumple condena en la cárcel de San Nicolás, por una trama de “sextorsión” que comenzó en redes sociales y terminó en una pesadilla económica para un hombre de la Patagonia.
El “cuento” que terminó en extorsión
La maniobra, desarticulada por la fiscal Eugenia Domínguez, se dividió en dos etapas:
- La seducción y estafa: Todo empezó en febrero de 2024 con un perfil falso. El estafador se ganó la confianza de la víctima y le pidió dinero (unos $12.000) bajo la excusa de pagarle a una niñera para poder concretar una supuesta cita que nunca ocurrió.
- El extorsión: Una vez que la víctima pagó, el tono cambió. Elorduy se hizo pasar por un tercero y amenazó al hombre con denunciarlo por “abuso de menores” y realizar un escrache público, alegando que la joven del perfil era menor de edad. Bajo presión y miedo, el damnificado transfirió otros $20.000 antes de radicar la denuncia.
Geolocalización: El rastro que llevó a la calle Belgrano
La clave para cerrar el cerco sobre el delincuente fue la tecnología. Los investigadores utilizaron herramientas de geolocalización que demostraron que todas las llamadas y mensajes extorsivos impactaban en la antena ubicada a metros de la Unidad Penitenciaria N° 3 de San Nicolás.
Ahora, la sentencia de tres años de prisión efectiva será remitida a la provincia de Buenos Aires para que se proceda a la unificación de penas, ya que Elorduy ya se encontraba tras las rejas por delitos anteriores.
“Viven de eso”: La indignación de los nicoleños
La noticia cayó como un balde de agua fría en la ciudad, donde la convivencia con el penal de la genera constantes roces por la seguridad. Los vecinos no tardaron en expresar su bronca ante la facilidad con la que los presos acceden a celulares para seguir delinquiendo: “¿Qué esperan para sacar los celulares de las cárceles? Siguen permitiendo que tengan oficinas de estafa ahí adentro”, reclamó un vecino indignado. “Todos los días caen ancianos y personas de bien. El gobernador se tiene que poner las pilas y prohibir los teléfonos de nuevo, ya no estamos en pandemia”, sentenció otro frentista, recordando que la medida de permitir dispositivos fue excepcional durante el COVID-19. “Y si viven de eso los presos ahí adentro… es su trabajo desde la celda. Si no hay señal de celular, no hay estafa, es corta la bocha”, comentaron en redes sociales.
El caso Elorduy pone nuevamente en el ojo de la tormenta al Servicio Penitenciario Bonaerense. Mientras las víctimas se multiplican en todo el país, las cárceles parecen haberse transformado en “call centers” del delito, donde el encierro no es impedimento para seguir robando y extorsionando a ciudadanos indefensos.
