La gestión del suministro de agua potable en nuestra ciudad ha alcanzado niveles de tensión máxima tras una serie de procedimientos ejecutados por el Ente de Agua San Nicolás. Diversos vecinos nicoleños han denunciado públicamente lo que consideran un “atropello criminal”: el uso de la restricción del flujo de agua como método de presión para el cobro de deudas. Según los testimonios recolectados por COSA CIERTA, la maniobra consiste en reducir la presión domiciliaria al mínimo absoluto, obligando a las familias a esperar horas para llenar una simple botella, una situación que los damnificados definen como una trampa técnica para evitar el término legal de “corte”, pero que en la práctica anula el derecho al saneamiento básico.
El caso Rigler: condonación bajo silencio
Un ejemplo crudo de esta realidad fue el caso de Roberto Rigler, un jubilado de 66 años de Barrio Savio con discapacidad motriz. Rigler enfrentaba una intimación por una deuda superior a los $1.236.000, monto imposible de afrontar con sus haberes mínimos. La resolución del conflicto llegó este martes de manera sorpresiva: tras la difusión de su drama en la 102.9 COSA CIERTA, el organismo decidió condonarle la deuda total. No obstante, el beneficio llegó con una polémica cláusula: se le exigió al vecino no brindar más reportajes a la prensa, una medida que ha sido interpretada por la comunidad como un intento de silenciar el impacto social de estas políticas recaudatorias.
El agua como derecho vital frente al superávit
La indignación de los usuarios se fundamenta en el contraste económico de la gestión local. Mientras los vecinos denuncian que se les ofrecen planes de pago de apenas tres o seis cuotas bajo amenaza de restricción, el Ente del Agua registra ganancias anuales millonarias y el Ejecutivo municipal ostenta superávit financiero. “El agua no se puede cortar porque es indispensable para la supervivencia. Señor intendente, menos Instagram y más derechos para los vecinos”, sentenciaron habitantes del Barrio Savio, quienes consideran que se prioriza la estética digital por sobre la dignidad humana.
La postura de los organismos internacionales
Frente a este escenario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es taxativa en sus normas de redacción sobre salud pública. El organismo sostiene que “el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. En este sentido, la utilización del suministro como moneda de cambio para la regularización de tasas municipales choca directamente con los principios internacionales de derechos humanos, dejando a los sectores más vulnerables de San Nicolás en una situación de desprotección absoluta ante la falta de un recurso vital.
