La investigación ambiental más importante de la historia reciente de San Nicolás acaba de dar uno de sus pasos más trascendentes. La Cámara Federal de Rosario resolvió revocar las decisiones que habían postergado durante años el avance del expediente y ordenó tomar declaración indagatoria a los directivos de Atanor y a los funcionarios señalados por la fiscalía y la querella.
Doce años después, la causa empieza a moverse
La resolución llega después de más de una década de denuncias, pericias, reclamos vecinales y recursos judiciales. La causa se inició en 2014 a partir de denuncias impulsadas por vecinos de los barrios linderos a la planta química y patrocinadas por el abogado Fabián Maggi, quienes apuntaban a presuntos hechos de contaminación sobre el suelo, el aire y las aguas vinculadas al río Paraná.
La Cámara consideró que ya no existen motivos para seguir postergando las indagatorias y cuestionó las reiteradas demoras registradas durante la instrucción. La decisión representa un fuerte respaldo a la postura sostenida por la fiscalía federal durante los últimos años.
Una investigación que acumuló pruebas y denuncias
El expediente atravesó numerosos capítulos. Estudios ambientales detectaron la presencia de atrazina, cipermetrina y trifuralina en distintos análisis realizados sobre agua y suelo, elementos que motivaron los pedidos de imputación contra responsables empresariales y organismos de control provinciales.
A lo largo de estos años también se sucedieron medidas cautelares, restricciones sobre sectores de la barranca frente a la planta, inspecciones oficiales y nuevos hallazgos que mantuvieron viva la preocupación ambiental en la ciudad. Incluso después de la clausura de las operaciones industriales, distintos informes advirtieron sobre la persistencia de contaminantes en sectores investigados y sobre la necesidad de avanzar con tareas de remediación.
La situación se agravó tras la explosión ocurrida en la planta y los posteriores controles que derivaron en nuevas actuaciones administrativas y judiciales.
En el recorrido que desembocó en la clausura de Atanor, la actuación del fiscal federal Matías Di Lello resultó determinante. Desde la Fiscalía impulsó medidas de prueba, acompañó los planteos sobre la contaminación detectada en la zona y sostuvo el avance de una investigación que, con el paso de los años, terminó confirmando la existencia de un problema ambiental que la Justicia consideró suficientemente grave como para ordenar el cierre de la planta y exigir acciones concretas de saneamiento.
El interrogante que sigue abierto
Mientras Atanor ya confirmó el traslado de su producción a otras plantas del país, el cierre operativo nunca significó el cierre del conflicto. La discusión judicial se trasladó desde la actividad industrial hacia la determinación de responsabilidades por los hechos denunciados durante años.
La resolución conocida ahora no implica condenas ni culpabilidades, pero sí marca un cambio profundo en el rumbo del expediente. Por primera vez, quienes fueron señalados por la fiscalía y la querella deberán enfrentar formalmente una instancia de indagatoria.
Para los vecinos que impulsaron la denuncia desde 2014, la decisión representa el avance más importante desde que comenzó la causa. Para la Justicia Federal, en cambio, abre una nueva etapa destinada a responder una pregunta que lleva más de una década esperando resolución: quiénes fueron los responsables de una de las investigaciones ambientales más extensas y complejas que tuvo San Nicolás.
