La causa judicial por contaminación ambiental que rodea a la planta de Atanor en San Nicolás sumó una resolución clave de alto impacto institucional.
La titular del Juzgado Correccional N° 3, Luciana Díaz Bancalari, ordenó al Ejecutivo Municipal y al ente Aguas San Nicolás difundir públicamente los resultados de los análisis de agua de red y de pozos, obligándolos a acreditar que dicha información llegue efectivamente a los vecinos. Pese a que la intimación se dictó semanas atrás, el Ejecutivo aún mantiene el silencio.
La medida judicial se produce en medio de una fuerte confrontación política. Los concejales Federico Chouhy y Mariana Aseff, del bloque Alianza La Libertad Avanza,v enían reclamando informes técnicos ante la falta de acceso a datos oficiales. Mientras tanto, desde el passaglismo se rechazaron los pedidos en el Concejo Deliberante.
La edil oficialista María Celeste López llegó a calificar los reportes adversos como “falsos positivos”, aunque sin aportar respaldos científicos.
Sin embargo, el expediente judicial sumó pruebas que contradicen la tranquilidad oficial. Informes de la Autoridad del Agua (ADA) detallan que, tras fiscalizaciones en la línea pluvial de Atanor que descarga hacia el río Paraná, laboratorios del CIM-CONICET-UNLP detectaron alarmantes concentraciones de agroquímicos. Entre las sustancias halladas figuran Atrazina (57,9 µg/L), Glifosato (59,6 µg/L) y Metolacloro (42,6 µg/L), compuestos detectados a muy corta distancia de la planta potabilizadora urbana.
El fallo de la jueza Díaz Bancalari no solo exige la publicidad de estos análisis, sino que impone medidas de seguridad estrictas: ordena mantener clausurados los pozos de bombeo 23 y 77, colocar precintos de seguridad verificables con registros fotográficos y entregar un mapa georreferenciado de todo el sistema de abastecimiento de la ciudad.
Esta reciente resolución traslada el foco del conflicto desde la responsabilidad de la empresa química hacia la típica falta de transparencia del Estado Municipal sobre un recurso vital.
