La Unidad Penitenciaria N°3 de San Nicolás es el establecimiento carcelario con mayor nivel de sobrepoblación de toda la provincia de Buenos Aires, según datos oficiales de abril de 2026 procesados por la Comisión Provincial por la Memoria.
El lugar está diseñado para alojar a 358 personas, pero actualmente tiene 990 internos. Esto significa que triplica su capacidad máxima permitida, con un exceso de ocupación del 176,6%, una cifra muy superior al promedio del sistema penitenciario bonaerense, que alcanza el 117,3%.
El problema no es exclusivo de San Nicolás, pero es donde se manifiesta con mucha más intensidad. En toda la provincia hay 64.367 personas privadas de su libertad, y la cantidad sigue creciendo: Solo en los primeros cuatro meses del 2026, la población carcelaria aumentó un 6,3%.
La situación se agrava porque la cantidad de personas que ingresan al sistema es tan alta que anula cualquier mejora o ampliación de espacios que se haya hecho o proyectado en los últimos años. Las nuevas instalaciones no alcanzan para cubrir el total de ingresos, por lo que la crisis habitacional y humanitaria en las cárceles sigue creciendo sin freno.
Esta saturación extrema complica la vida diaria de quienes están alojados en el lugar. Al haber tanta gente en espacios reducidos, se hace mucho más difícil mantener el orden, la higiene y el acceso a servicios básicos. Hay menos lugar para moverse, para descansar o para realizar actividades, lo que genera mayor tensión y dificultades para la convivencia entre todos los internos.
Además, la falta de espacio afecta directamente las posibilidades de capacitación, trabajo o tratamiento que deberían estar disponibles. Al estar todo saturado, se reducen las oportunidades de participar en programas que ayudan a prepararse para cuando recuperen la libertad, lo que hace más complejo el proceso de reinserción social y limita las herramientas con las que cuentan para cambiar su situación, sin dejar de lado que esto aumenta continuamente el tiempo de permanencia. Caso aparte, un sistema judicial que funciona en tiempos muy dispares en relación a la demanda, un combo perfecto.
El hacinamiento contradice estándares internacionales que Argentina debe respetar, como las Reglas Nelson Mandela y la Convención contra la Tortura, que exigen condiciones dignas de detención. Cuando una cárcel supera ampliamente su capacidad, se vulneran derechos básicos y el Estado queda expuesto a cuestionamientos legales.
