La Fiscalía Federal de San Nicolás solicitó la elevación a juicio oral de otros ocho imputados en la causa por presunto narcotráfico y lavado de dinero iniciada tras el hallazgo de una avioneta abandonada en un campo de Pergamino. De ser admitido el requerimiento, el expediente reunirá 39 acusados.
La investigación está a cargo del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), dirigida por el fiscal Diego Iglesias. Según la acusación, la organización trasladaba, almacenaba y comercializaba cocaína en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, además de mantener vínculos con Bolivia, Perú y Paraguay.
Entre los nuevos imputados figura un ciudadano peruano de 51 años, señalado como uno de los presuntos organizadores y financistas de la estructura. El requerimiento también alcanza a tres mujeres paraguayas de 25, 35 y 39 años, dos ciudadanos peruanos de 40 y 41 años, un argentino de 71 años y un menor de edad.
De acuerdo con la acusación fiscal, además de integrar la presunta organización dedicada al tráfico de estupefacientes, los imputados habrían participado en maniobras de lavado de dinero mediante la adquisición de bienes y la realización de movimientos financieros destinados a ocultar el origen ilícito de los fondos.
La causa se inició en mayo de 2022, cuando una avioneta fue encontrada abandonada en un campo de Pergamino. A partir de ese episodio, los investigadores realizaron seguimientos, tareas de inteligencia e intervenciones telefónicas que permitieron reconstruir el funcionamiento de la presunta red criminal.
Según la investigación, la organización era liderada por el ciudadano peruano David Forton Salinas, alias “Piedrita”, quien permanece prófugo con pedido de captura y residía en el barrio Padre Mugica, de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante los allanamientos realizados en el marco de la causa fueron secuestrados 112 kilos de cocaína, 1.785 pastillas de éxtasis, 53 kilos de marihuana, 522 plantines de cannabis, 195 mil dólares, 69 millones de pesos, más de 50 vehículos, además de otros elementos presuntamente vinculados con la actividad investigada.
Ahora será la Justicia Federal la que deberá resolver si hace lugar al requerimiento presentado por la Fiscalía para que los ocho nuevos imputados también sean enviados a juicio oral.
