El conflicto entre la Municipalidad y MoviPort S.A. escaló en las últimas horas luego de que el Juzgado de Convivencia y Faltas dispusiera la clausura definitiva de seis depósitos de la firma y aplicara una multa de 70.005.474 de pesos por presuntas infracciones a la Ordenanza N° 10.238/21.
La resolución sostiene que existirían deficiencias técnicas que impedirían verificar que la actividad comercial se desarrolla sin riesgos para las personas y el ambiente. Asimismo, se ordenó una nueva inspección para este martes y se intimó a la empresa a acatar la medida bajo apercibimiento de formular una denuncia penal por desobediencia.
Desde MoviPort S.A. cuestionaron duramente la decisión como “arbitraria” y dejaron en claro que contradice la reciente resolución del Juzgado Correccional que había dejado sin efecto la clausura preventiva de los establecimientos.
En diálogo con 102.9 COSA CIERTA, Florencia Arietto, quien trabaja junto al equipo de abogados de la empresa y al letrado Gustavo Moreno en el fortalecimiento de la estrategia jurídica, aseguró que la nueva resolución municipal fue dictada “sin ningún argumento nuevo y sin ningún hecho nuevo.
“La jueza de Faltas (Marianela Lafratta) emitió una resolución clausurando definitivamente la compañía apenas dos días después de que la Justicia revocara la clausura preventiva. Es un nivel de impunidad e ilegalidad nunca visto”, afirmó.
Arietto sostuvo que la situación excede la discusión administrativa y adquiere una dimensión política e institucional. Según expresó, la medida pone en riesgo la continuidad laboral de cientos de familias y genera un severo perjuicio económico.
“Son 250 personas que hoy están en la incertidumbre respecto de si van a conservar su fuente de trabajo. La empresa lleva 15 días sin operar y el daño puede ser inconmensurable”, señaló.
La abogada también reveló que los gremios solicitaron una reunión ante el Ministerio de Trabajo ante la preocupación por la continuidad de los empleos directos e indirectos vinculados a la firma.
En ese contexto, cuestionó con dureza al Gobierno Municipal y denunció persecución política. “Acá hay una afectación a la propiedad privada, al desarrollo productivo y también a la democracia. Entendemos que existe una persecución contra un concejal de La Libertad Avanza vinculado a la compañía”, manifestó.
Asimismo, confirmó que el equipo legal avanza con nuevas presentaciones judiciales, incluyendo una denuncia penal contra inspectores municipales y la jueza de Faltas.
“Lo vamos a demostrar en la causa penal que estamos impulsando porque lo sucedido no tiene ningún asidero jurídico”, indicó.
Arietto también advirtió sobre las posibles consecuencias comerciales derivadas del conflicto, al señalar que MoviPort S.A. mantiene contratos con empresas multinacionales que poseen estrictos protocolos de cumplimiento normativo.
“Cuando una empresa entra en una situación de conflicto de estas características, muchas veces las multinacionales se retiran como clientes. El perjuicio puede ser enorme para una firma histórica y tradicional de San Nicolás”, aseveró.
En otro orden, Florencia Arietto cuestionó las recientes declaraciones del procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, quien durante el acto de celebración por el centenario del Colegio de Abogados del Departamento Judicial San Nicolás expresó públicamente su aprecio por el intendente Santiago Passaglia.
Pese a ello, una de las representantes legales de MoviPort S.A. ratificó que las acciones judiciales continuarán su curso.
“Más allá de cualquier discusión política, acá hay una ilegalidad y un abuso de poder de un Municipio que no debería atacar a quienes generan trabajo”, concluyó.
El conflicto aumenta al máximo la preocupación entre los trabajadores y las familias que dependen de la actividad de la empresa, en un escenario de fuerte incertidumbre.
