Fue una fuerte confirmación del blindaje político-judicial que reina en San Nicolás. Eso fue exactamente lo que ocurrió durante el acto de la semana pasada por el centenario del Colegio de Abogados del Departamento Judicial San Nicolás, cuando el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, decidió hacer pública la relación personal que mantiene con el intendente Santiago Passaglia.
“Lo conozco desde hace muchísimo tiempo, tanto, tanto que lo tuve en brazos. Le tengo no solo aprecio, sino un enorme respeto”, afirmó el jefe de los fiscales bonaerenses. Y como si no alcanzara con semejante definición, agregó que esas mismas palabras ya se las había expresado al jefe comunal en privado.
La frase quedó registrada en un video y, desde ese momento, dejó de pertenecer al plano de la cordialidad para ingresar de lleno en el terreno institucional.
Porque quien habló no fue un vecino, un dirigente político ni un amigo -aparentemente- de la familia Passaglia. Era el Procurador General de la Provincia, máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal y superior jerárquico de todos los fiscales que integran el Departamento Judicial San Nicolás.
Ese detalle cambia completamente el significado de sus palabras.
No se trata de discutir si Conte Grand tiene derecho a sentir afecto o respeto por el intendente municipal. El problema es otro. Quien ocupa semejante responsabilidad institucional tiene el deber de preservar, incluso en apariencia, la independencia del organismo que conduce. En la Justicia, las formas importan tanto como las decisiones.
Los fiscales gozan de autonomía funcional, pero forman parte de una estructura jerárquica. Y en cualquier organización de ese tipo, los gestos del máximo responsable son observados con atención. Nadie necesita impartir una orden para que un mensaje sea comprendido. Muchas veces alcanza con una señal.
¿Qué mensaje recibieron los fiscales de San Nicolás al escuchar al jefe de todos ellos reivindicar públicamente una relación afectiva con el principal dirigente político del distrito? La pregunta es inevitable.
Porque esos mismos fiscales intervienen en investigaciones que involucran al intendente, a sus familiares directos, a funcionarios municipales o a integrantes del entorno político que gobierna la ciudad desde hace más de una década.
En ese contexto, la prudencia institucional no es una opción: es una obligación.
Las democracias modernas no exigen únicamente que jueces y fiscales sean independientes. También necesitan que la sociedad perciba esa independencia. La confianza pública en el sistema judicial se construye sobre esa certeza. Cuando aparecen gestos que pueden sembrar dudas sobre la ecuanimidad de quienes deben investigar al poder, la credibilidad de las instituciones comienza a resentirse.
La figura de Conte Grand, además, nunca estuvo desvinculada de la política. Llegó a la Procuración General durante la gestión de María Eugenia Vidal, luego de desempeñarse como secretario Legal y Técnico de la entonces gobernadora y tras una trayectoria vinculada al PRO.
Resistió posteriormente múltiples intentos de juicio político impulsados por el kirchnerismo y su nombre quedó envuelto en la polémica tras el escándalo de la denominada “mesa judicial bonaerense”, a partir de la difusión del video en el que el exministro Marcelo Villegas hablaba de una supuesta “Gestapo” para actuar contra dirigentes sindicales.
Pese a todos esos episodios, logró mantenerse al frente del Ministerio Público durante los años de gobierno de Axel Kicillof. Nadie puede sostener seriamente que desconoce el peso institucional de sus palabras o el efecto que pueden generar dentro del Poder Judicial.
Por eso resulta difícil considerar su declaración como una simple expresión espontánea de afecto.
En política, ese tipo de frases pueden ser interpretadas como una muestra de cercanía. En la Justicia, en cambio, adquieren otro significado. Porque quien debe garantizar investigaciones imparciales no puede ofrecer señales que alimenten sospechas sobre eventuales preferencias personales respecto de quienes podrían quedar sometidos al control del propio Ministerio Público.
No se trata de afirmar que exista favoritismo ni de sostener que las investigaciones perderán objetividad. No hay elementos para semejante conclusión. Pero sí corresponde advertir que la exhibición pública de un vínculo tan estrecho entre el jefe de los fiscales y el principal dirigente político de una ciudad erosiona una de las bases esenciales del sistema republicano: la confianza en la independencia de la Justicia.
La imparcialidad no sólo debe ejercerse. También debe verse.
Y cuando el máximo responsable del Ministerio Público decide abrazar políticamente a un intendente frente a todo el Departamento Judicial, el mensaje deja de ser personal para transformarse en un hecho de enorme trascendencia institucional.
