Desde hace semanas las empresas Moviport S.A y Casport S.A se encuentran cautivas de un capricho partidario por parte del Municipio de San Nicolás, el cual empecinado en su accionar político ha pasado por alto resoluciones judiciales para ir por una clausura definitiva de una fuente de trabajo que hace años alimenta a cientos de familias nicoleñas.
Todo esto ocurre mientras Santiago Passaglia y Marianela La Fratta -titular del Juzgado de Faltas- pasan por encima del fallo dictado por el titular del Juzgado Correccional N° 2, Sebastián Zubiri, quien dejó sin efecto la clausura y cuestionó severamente el accionar de la administración municipal. “El fallo es muy contundente. Habla de arbitrariedad y de un abuso de autoridad por parte de los inspectores y de la jueza de Faltas”, sostuvo Florencia Arietto en diálogo con COSA CIERTA. La letrada se ha incorporado como parte de la estrategia jurídica de las firmas privadas para poder retomar las tareas habituales y frenar la embestida de “Hechos”.
Es necesario destacar que ambas empresas llevaban más de 15 días cerradas a raíz de una presunta falta administrativa menor vinculada con documentación del plan antisiniestral, pese a que la documentación requerida había sido presentada dentro del plazo otorgado por los inspectores.
¿En qué quedamos Intendente?
A partir de lo acontecido, un sinfín de cuestionamientos hacia el Poder Ejecutivo aparecieron en el vox populi local. Entre tantos, uno de los que ha empezado a cobrar fuerza es el cambio de atención hacia los cuidados ambientales luego de que el oficialismo mostrara actitudes dispares en otros sucesos que aquejan a los vecinos.
Por ejemplo, cuando a mediados de mayo todo el bloque de “Hechos” rechazó varios proyectos de comunicación que solicitaban información técnica sobre los controles realizados por el Ente de Aguas de San Nicolás, los monitoreos de arsénico y la documentación vinculada a la afirmación de un supuesto “falso positivo” en estudios sobre agroquímicos. Una decisión ampliamente reclamada por parte de los espacios opositores, incluso con la voz propia en redes por parte de Federico Chouhy, concejal por Alianza La Libertad Avanza y justamente integrante del directorio de las empresas perseguidas por el passaglismo.
“Rechazaron que San Nicolás tenga información clara sobre el agua que consume. No estábamos pidiendo una opinión política: estábamos pidiendo documentación técnica”, sostuvo en aquel momento el edil.
Sin embargo, desde las oficinas de Av.Illia jamás salieron respuestas en torno a los estudios sobre un bien tan necesario como el agua potable, quizás porque no representa una necesidad partidaria en medio de su campaña para el clan local. Mientras tanto, los vecinos y trabajadores quedan a merced de los caprichos del espacio rosa.
