Una mujer de 44 años denunció en Villa Constitución a su expareja y pidió que se investigue la posible comisión de delitos contra la integridad sexual de la hija de ambos, de 14 años.
El expediente tiene una particularidad territorial. La historia familiar transcurrió tanto en San Nicolás como en la vecina ciudad santafesina y existen actuaciones judiciales anteriores en territorio bonaerense. Por ese motivo, antes de avanzar sobre el fondo de las acusaciones deberá determinarse qué jurisdicción resulta competente.
La madre acudió a la Fiscalía santafesina en diciembre, después de un recorrido previo por los tribunales nicoleños. En su nueva presentación solicitó que se analice la posible existencia de delitos contemplados en los artículos 119, 125 bis y 126 del Código Penal, relacionados con ataques contra la integridad sexual y distintas formas de explotación.
Los primeros antecedentes del conflicto se ubican en noviembre de 2024. Para entonces, la adolescente había expresado que no quería pasar la noche en el domicilio paterno. La situación llegó al fuero de Familia de San Nicolás acompañada por documentación profesional y dio inicio a una sucesión de intervenciones que se extendió durante los meses siguientes.
En ese recorrido fueron incorporándose distintos elementos, entre ellos evaluaciones psicológicas, constancias médicas y registros personales de la menor, que la madre considera relevantes para reconstruir lo ocurrido.
También se analizó el teléfono utilizado por la adolescente. Del dispositivo surgieron intercambios y contenidos que, según la denuncia, motivaron nuevas medidas de investigación. A eso se añadieron cuentas de una billetera virtual vinculadas al número de la menor pero registradas a nombre de su padre.
Una pericia sobre parte del material digital, sin embargo, no permitió confirmar determinados extremos planteados en la denuncia. Por ese motivo, los hallazgos deberán ser evaluados en conjunto y no permiten, por sí solos, tener por acreditadas las conductas denunciadas.
La presentación judicial incorpora además antecedentes de violencia que, según relató la propia madre, habría sufrido durante la relación de pareja. La mujer sostiene que esas experiencias reforzaron sus temores respecto del entorno en el que se encuentra actualmente su hija.
El recorrido anterior por la Justicia nicoleña también quedó bajo cuestionamiento de la denunciante. Su planteo es que una investigación penal terminó archivada sin agotar medidas que, a su entender, podían resultar importantes para esclarecer el caso. Entre sus objeciones aparecen estudios que no se habrían realizado oportunamente y testimonios que no llegaron a incorporarse.
Mientras las actuaciones avanzaban, el vínculo entre ambas se quebró. La mujer afirma que desde hace 19 meses no puede mantener contacto con su hija. Dentro de ese período también señaló una cantidad considerable de ausencias escolares y el abandono de distintas actividades que formaban parte de la rutina de la adolescente.
El reclamo presentado en Santa Fe incluye además objeciones sobre la intervención de profesionales y funcionarios vinculados al conflicto familiar. La denunciante sostiene que algunas personas tendrían relaciones personales con el entorno paterno. Por el momento, se trata de afirmaciones incorporadas por la mujer al caso y no de irregularidades acreditadas judicialmente.
Ahora será la investigación la que deberá separar sospechas, indicios y elementos con eventual valor probatorio para determinar qué ocurrió. Antes, deberá resolverse si esa tarea continuará en Villa Constitución o si corresponde la intervención de la Justicia bonaerense.
La mujer reclama que se profundicen las medidas y solicita protección para ella y para la adolescente. Las graves conductas atribuidas a su expareja permanecen bajo denuncia y no han sido establecidas como hechos probados.
Por tratarse de una investigación que involucra directamente a una menor, COSA CIERTA preserva las identidades de la adolescente y de sus padres.
