El debate por la presencia de dispositivos digitales en el ámbito escolar tomó una nueva dimensión a partir del reclamo de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Argentina (AIEPA), entidad que reúne a más de 5.000 establecimientos a nivel nacional. La organización busca evitar la aplicación de una regla rígida y homogénea, solicitando que se respete el criterio de cada comunidad educativa para determinar si resulta conveniente implementar una prohibición absoluta del teléfono o si por el contrario, es preferible establecer pautas claras para integrar la tecnología dentro del modelo pedagógico de cada institución.
Esta posición se sostiene en la necesidad de abordar de forma integral los desafíos socioeducativos que hoy atraviesan las aulas secundarias, donde las pantallas no solo representan una fuente de distracción, sino también la puerta de entrada a problemáticas más severas. Entre las principales inquietudes señaladas por el sector se destacan las apuestas deportivas virtuales en adolescentes y la utilización de herramientas de inteligencia artificial para manipular imágenes, situaciones que complican la convivencia diaria y que al momento de sancionar o limitar a los alumnos, suelen generar tensiones directas entre los directivos y las familias.
En este contexto, la medida legislativa impulsada en el Senado de la Provincia de Buenos Aires alcanza tanto a las escuelas de gestión pública como a las privadas de todo el territorio bonaerense, teniendo un impacto directo e inmediato en las instituciones del partido de San Nicolás. La iniciativa contempla como regla general que los estudiantes mantengan guardados sus equipos durante la totalidad del horario escolar, dejando un margen de excepción únicamente para aquellas dinámicas de clase en las cuales el docente a cargo requiera de manera explícita el uso del celular con fines estrictamente didácticos.
