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RIGI: aprueban el multimillonario proyecto petrolero de Pluspetrol y GyP en Vaca Muerta por u$s12.000 millones

La iniciativa, en el área Bajo del Choique - La Invernada, en Neuquén, prevé perforar 620 pozos y construir cuatro plantas de tratamiento con capacidad para 100.000 barriles diarios de petróleo. El 92% de la producción se destinará a la exportación.

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El Gobierno aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un proyecto hidrocarburífero por u$s12.240 millones en la provincia de Neuquén, impulsado por la unión transitoria que integran Gas y Petróleo del Neuquén SA (GyP) y Pluspetrol Cuenca Neuquina SRL. La medida se oficializó a través de la Resolución 1808/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de Juan Bautista Mahiques, a cargo de la cartera.

El proyecto, denominado “Exploración, Producción, Tratamiento y Transporte de Hidrocarburos Bajo del Choique – La Invernada”, fue aprobado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), una categoría del régimen que busca posicionar a la Argentina como proveedor de largo plazo en mercados globales en los que el país tiene una participación inferior al 10%. Según el informe presentado por las empresas, la iniciativa exportará el 92% de su producción total y no generará distorsiones en el mercado local.

El área se ubica en la región centro-norte de Neuquén, a unos 40 kilómetros al sur de Rincón de los Sauces, en la porción norte de la Cuenca Neuquina, conocida como “Hub Norte”, y tiene una superficie aproximada de 400 kilómetros cuadrados.

620 pozos y cuatro plantas

El plan contempla la perforación y puesta en producción de 620 pozos horizontales no convencionales, agrupados en locaciones de seis sondeos cada una, con ramas laterales de 3.300 metros en promedio. Además, prevé la construcción y operación de cuatro plantas de tratamiento de producción temprana, cada una con capacidad para procesar 25.000 barriles diarios de petróleo y tres millones de metros cúbicos diarios de gas natural. En conjunto, la capacidad instalada total alcanzará los 100.000 barriles diarios de petróleo y los 12 millones de metros cúbicos diarios de gas.

La infraestructura incluye también un oleoducto de 45 kilómetros para transportar el crudo hasta la terminal Auca Mahuida, un gasoducto de 20 kilómetros para evacuar el gas asociado, sistemas de tratamiento y reinyección del agua de producción, líneas de recolección, infraestructura eléctrica, caminos internos, un área industrial y campamentos.

Dos etapas de inversión

El proyecto se ejecutará en dos etapas. La primera, que se extiende desde mayo de 2025 hasta fines de 2037, prevé una inversión de u$s4.175 millones para desarrollar la zona sur del área, perforar 206 pozos, poner en marcha las dos primeras plantas de tratamiento, con capacidad para 50.000 barriles diarios de petróleo y seis millones de metros cúbicos diarios de gas, y construir el oleoducto y el gasoducto.

La segunda etapa, que se desarrollará entre septiembre de 2026 y fines de 2041, demandará u$s8.065 millones y estará destinada a la zona norte, La Invernada, con la perforación de otros 414 pozos y la construcción de las dos plantas restantes.

La resolución fija como fecha de adhesión al régimen el 10 de septiembre de 2026 y establece que el plazo para cumplir con el monto mínimo de inversión vence el 30 de abril de 2029. Durante los dos primeros años, las empresas prevén invertir u$s1.527 millones, por encima del 20% del mínimo exigido para esta categoría.

Con la aprobación, el proyecto accederá a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios previstos en el RIGI. La norma aprueba el listado de mercaderías que podrán importarse bajo franquicia, instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a generar una CUIT especial para el proyecto y le encomienda al Banco Central aplicar los incentivos cambiarios del régimen. Además, acepta que las controversias se resuelvan mediante los mecanismos de arbitraje previstos en la ley.

El proyecto contó con la recomendación favorable del Comité Evaluador de Proyectos RIGI y con la intervención, sin objeciones, del BCRA y de la Procuración del Tesoro de la Nación. También intervino la Cancillería, que, en el marco de la Ley 26.659, concluyó que ni las empresas ni sus socios incurrieron en ninguna de las conductas prohibidas por esa norma. La Secretaría de Energía quedó a cargo de fiscalizar el cumplimiento del proyecto.

Fuente: Con información de Ambito

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