El clan Passaglia parece convencido de que San Nicolás es apenas el punto de partida de una conquista política nacional. Después de construir Hechos como herramienta propia, Santiago y Manuel proyectan una expansión que incluye una eventual candidatura presidencial para 2027. La ambición es enorme. El problema es que la realidad electoral e institucional del distrito que gobiernan no necesariamente acompaña semejante entusiasmo.
En septiembre de 2025, Hechos ganó en San Nicolás con más del 50 por ciento de los votos, pero terminó tercero en la Segunda Sección Electoral, con alrededor del 24 por ciento, detrás de Fuerza Patria y La Libertad Avanza. La diferencia entre ambos resultados es el dato que debería ocupar el centro de cualquier análisis sobre el futuro del espacio: una cosa es consolidar un bastión propio y otra, absolutamente distinta, construir una fuerza con capacidad de extenderse más allá de sus fronteras.
Ramallo no les dio la victoria que buscaban. En Pergamino, la alianza con el intendente Javier Martínez tampoco alcanzó para impedir el triunfo de Fuerza Patria. En Rojas, el acuerdo con el alcalde Román Bouvier no se tradujo en una victoria de Manuel Passaglia para diputado provincial. Los resultados municipales y seccionales fueron distintos, pero dejaron una misma enseñanza: los acuerdos personales entre dirigentes no garantizan la transferencia automática de votos.
En Pergamino y Rojas, además, el corte de boleta en perjuicio de Manuel Passaglia expuso una dificultad adicional. Parte del electorado distinguió entre las opciones locales y la candidatura legislativa de Hechos. Ni las alianzas ni la construcción territorial alcanzaron para convertir el apellido Passaglia en una adhesión uniforme. Si esa transferencia de votos no está asegurada en la región donde el espacio empezó a organizarse, la proyección nacional requiere bastante más que anuncios, fotografías y un gasto descomunal e histórico en pautas publicitarias.
El problema de los Passaglia no se agota en las urnas. También existe una discusión institucional que no queda al margen de la evaluación de su proyecto político.
La relación de la familia con la Justicia incluye una investigación federal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En noviembre de 2022, la Fiscalía Federal de San Nicolás solicitó indagatorias para integrantes del grupo familiar, entre ellos Manuel e Ismael José Passaglia, sobre la base de presuntas inconsistencias patrimoniales. En mayo de 2023, el Ministerio Público Fiscal apeló la falta de mérito dictada por el juez interviniente y pidió que se revisara esa decisión. Se trata de actuaciones judiciales y acusaciones que deben describirse como tales, sin convertirlas en condenas ni dar por probados hechos que corresponde resolver a los tribunales. Aunque tampoco puede dejar de remarcarse que el juez que benefició al clan nicoleño es Marcelo Martín Bailaque, quien actualmente se encuentra bajo prisión preventiva domiciliaria, investigado por corrupción estructural, lavado de activos y presuntos vínculos con el narcotráfico.
A ese antecedente se suma un conflicto mucho más reciente y directamente vinculado con el funcionamiento institucional del Municipio.
Esta semana, la Justicia contencioso-administrativa volvió a intimar a Santiago Passaglia para que garantizara a concejales opositores el acceso integral al sistema RAFAM, utilizado para consultar y auditar los movimientos presupuestarios y financieros municipales. La controversia no es menor: sin acceso a la documentación, el control de las cuentas públicas queda condicionado por el propio Gobierno que debe rendirlas.
La transparencia no puede ser una consigna para la campaña y una concesión incómoda cuando llega el momento de mostrar los números.
También preocupan los cuestionamientos sobre el uso del poder municipal frente a adversarios políticos, empresarios y sectores que mantienen conflictos con la administración. Cuando decisiones administrativas, clausuras, sanciones o disputas regulatorias afectan a quienes confrontan con el Gobierno, corresponde exigir fundamentos públicos, procedimientos verificables y esencialmente control judicial efectivo.
El poder local no puede convertirse en una herramienta para disciplinar a quienes cuestionan al oficialismo ni para condicionar a potenciales competidores electorales.
En el terreno productivo, las consecuencias son todavía más delicadas. San Nicolás necesita proteger su entramado industrial, sostener la actividad económica y cuidar cada puesto de trabajo. Los conflictos entre el Municipio y empresas, cuando derivan en cierres, sanciones o restricciones operativas, no pueden reducirse a una pulseada entre funcionarios y empresarios: detrás existen trabajadores, proveedores, familias y circuitos económicos que pueden quedar expuestos.
La administración tiene la obligación de actuar con razonabilidad, transparencia y garantías. Ninguna disputa política o administrativa debe convertirse en una amenaza innecesaria para la producción y el empleo.
Ese es el interrogante que Hechos todavía no respondió: qué ofrece más allá de una conducción familiar, una marca electoral y un modelo de gestión fuertemente concentrado. Una candidatura presidencial exige propuestas nacionales, equipos, organización y credibilidad institucional. No alcanza con trasladar a una escala mayor el marketing de una gestión municipal, menos aun cuando su funcionamiento genera controversias sobre controles, acceso a la información y relación con actores económicos.
Los Passaglia quieren venderle al país una novedad política, pero todavía tienen que demostrar que detrás del apellido existe algo más que una maquinaria de poder construida a cualquier costo alrededor de San Nicolás. Pretenden dar el salto a la Casa Rosada mientras los resultados electorales les recuerdan que fuera de su territorio no alcanza con tejer acuerdos personales, acumular recursos ni imponer una marca. Y mientras desvarían con gobernar el país, en su propio distrito persisten interrogantes sobre la transparencia, las investigaciones judiciales, el trato a los adversarios, una inseguridad abrumadora, el avance a pasos agigantados del narcotráfico y los conflictos que golpean al sector productivo. Esa es la contradicción que Hechos no consigue resolver: quiere exportar un modelo de poder que todavía debe rendir cuentas en casa.
Pero hay una verdad que ningún aparato de propaganda puede tapar y ninguna ambición presidencial puede esquivar: la vida enseña que para pararse enfrente se necesitan las manos limpias.
Aspirar a gobernar un país no alcanza con creerse dueño del poder, repartir lecciones de moral ni señalar los defectos ajenos. Primero hay que poder mirar de frente, explicar lo propio y demostrar que se está dispuesto a someterse a las mismas reglas que se les exige cumplir a los demás. Y ahí empieza el verdadero problema de los Passaglia: antes de pedirle a la Argentina que les abra la puerta, tienen que responder por todo lo que no explican en su propia casa.
Resulta imposible no dejar de analizar que detrás de la grandilocuencia presidencial también puede esconderse una operación mucho más terrenal: inflar el valor de Hechos para llegar al cierre de listas con un paquete electoral lo suficientemente grande como para negociarlo al mejor postor.
La expansión nacional, las candidaturas rimbombantes y el despliegue de ambiciones pueden funcionar como herramientas para sentarse a negociar con mayor poder de fuego, intercambiar apoyos y conseguir lugares expectables en las listas. En esa lógica, la Presidencia no sería necesariamente el destino, sino la vidriera. Y el armado nacional, la mercancía.
En política, a veces, quienes anuncian que quieren llegar a la cima, en realidad, están calculando cuánto pueden cobrar por la escalera.
