La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario se sumó a los cuestionamientos por las acciones impulsadas contra Alejandro López, juez del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, luego de la sentencia que absolvió a Maximiliano Cabaleyro y a otros seis trabajadores de Camioneros en la causa por el conflicto con Rey Distribución, de San Pedro. Su pronunciamiento se conoció después de que el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires expresara una preocupación similar.
A través de un comunicado, la entidad rosarina manifestó su rechazo a lo que describió como una ofensiva contra el magistrado y advirtió sobre las consecuencias de recurrir a mecanismos de enjuiciamiento como respuesta a resoluciones judiciales cuestionadas. En particular, puso el acento en la necesidad de preservar la independencia de quienes administran justicia frente a eventuales presiones políticas o mediáticas.
La declaración se produjo en el marco del pedido de juicio político presentado por el diputado provincial Manuel Passaglia contra López, con el propósito de que se examine su actuación en el proceso que concluyó con la absolución de los siete acusados. El legislador cuestionó especialmente la interpretación del derecho de huelga y su relación con otras garantías, entre ellas el derecho de propiedad y el normal desenvolvimiento de la actividad empresarial.
En su planteo, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario recordó que el ordenamiento jurídico contempla vías recursivas para impugnar las sentencias cuando alguna de las partes considera que existen errores en su fundamentación o aplicación de la ley. Desde esa perspectiva, advirtió que el desacuerdo con una resolución no debería convertirse en una herramienta de presión sobre el funcionario que la dictó.
La preocupación expresada por la organización trasciende el expediente de Cabaleyro. Según su posición, la posibilidad de que un magistrado enfrente consecuencias institucionales por el contenido de sus decisiones podría generar un efecto de condicionamiento sobre otros integrantes del Poder Judicial, con repercusiones en la libertad de criterio necesaria para resolver futuras causas.
El pronunciamiento coincide en sus aspectos centrales con el difundido previamente por el Colegio de Magistrados bonaerense, que también alertó sobre los riesgos de utilizar procedimientos de remoción frente a fallos que generan discrepancias. Ambas entidades centraron sus observaciones en las garantías que protegen el ejercicio de la función judicial, sin que ello implique necesariamente respaldar los fundamentos de la absolución.
El conflicto tiene como antecedente la sentencia de 220 páginas mediante la cual López absolvió a Cabaleyro y a los otros seis imputados por hechos vinculados con las protestas sindicales desarrolladas frente a Rey Distribución. Los acusados habían llegado a juicio por cargos relacionados con extorsión, coacción y turbación de la posesión.
Mientras el planteo de Passaglia deberá seguir los procedimientos institucionales correspondientes, la resolución absolutoria conserva las vías de revisión previstas por la legislación. En ese escenario, el nuevo pronunciamiento amplía la discusión sobre los límites entre el control de la actuación de los jueces y las garantías necesarias para preservar su independencia.
