La causa por la clausura de MoviPort S.A. sumó un nuevo capítulo judicial y político. La abogada Florencia Arietto se incorporó al equipo jurídico de la empresa para reforzar la estrategia legal que viene llevando adelante Gustavo Moreno, abogado penal de la firma, aportando su experiencia en litigios penales de alta complejidad.
En ese contexto, confirmó el impulso de la denuncia penal contra funcionarios municipales, al considerar que existió un accionar irregular y abusivo por parte de las autoridades de control de San Nicolás.
En diálogo con COSA CIERTA, Arietto sostuvo que la empresa permaneció cerrada durante 15 días a raíz de una presunta falta administrativa menor vinculada con documentación del plan antisiniestral, pese a que la documentación requerida había sido presentada dentro del plazo otorgado por los inspectores.
“La jueza ratificó la clausura impuesta por los inspectores sin chequear que la documentación ya había sido presentada”, afirmó. Y consideró que la medida ocasionó un grave perjuicio económico a la firma y puso en riesgo la estabilidad laboral de cientos de trabajadores.
La denuncia penal tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) N° 13 del Departamento Judicial San Nicolás, donde MoviPort S.A. se presentó como particular damnificado.
Entre los delitos investigados figuran el incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y coacción, sin descartar la incorporación de nuevas figuras penales a medida que avance la investigación.
Arietto destacó especialmente el reciente fallo del titular del Juzgado Correccional N° 2, Sebastián Zubiri, quien dejó sin efecto la clausura y cuestionó severamente el accionar de la administración municipal.
“El fallo es muy contundente. Habla de arbitrariedad y de un abuso de autoridad por parte de los inspectores y de la jueza de Faltas”, sostuvo la profesional del Derecho, al considerar que la resolución judicial fortalece la estrategia penal de la empresa.
Para la flamante representante legal de MoviPort S.A., el expediente podría trascender el caso puntual y convertirse en un antecedente relevante respecto de la relación entre el Municipio y el sector privado.
“Hay numerosos antecedentes y denuncias de personas y empresas que aseguran haber sufrido situaciones de persecución y presión estatal. Este caso tiene una prueba documental muy contundente y puede marcar un límite al ejercicio abusivo del poder”, señaló la abogada.
Arietto también puso el foco en las consecuencias económicas y sociales que produjo la clausura. “Durante 15 días hubo una empresa con alrededor de 250 trabajadores sin poder producir, con la angustia de no saber si iban a perder su fuente laboral”, manifestó.
En ese sentido, adelantó que la defensa evalúa además iniciar acciones por daños y perjuicios, al considerar que la medida adoptada por las autoridades municipales provocó pérdidas económicas significativas.
También se mostró optimista respecto del futuro de la causa y anticipó que podrían sumarse nuevos testimonios de empresarios que aseguran haber atravesado situaciones similares.
“No solamente estamos tranquilos por la prueba aportada, sino también porque este caso podría animar a otras empresas a denunciar hechos semejantes”, concluyó.
