La planta de Atanor continúa sumida en la incertidumbre tras casi cinco meses de inactividad, luego de que una medida cautelar ordenada por la jueza Luciana Díaz Bancalari detuviera las operaciones debido a una denuncia de una ONG ambiental. Ante la falta de un fallo judicial, la empresa ha decidido extender las suspensiones laborales y abrir un registro de retiros voluntarios para los empleados afectados.
Ricardo García, secretario general del Sindicato del Personal de las Industrias Químicas y Petroquímicas, se manifestó preocupado por la situación de los trabajadores. “Nos informaron que los retiros voluntarios están en marcha, ya que no hay una respuesta de la Justicia”, señaló.
La planta se encuentra detenida desde el 20 de marzo, y la empresa presentó informes periciales para demostrar que sus operaciones no representan un riesgo para la salud o el medioambiente, sin lograr hasta ahora una resolución.
El 14 de mayo, Atanor suspendió a todo el personal, manteniéndolos con el 75 por ciento de su salario, una medida que afecta a 150 empleados, incluidos contratistas. El acuerdo de suspensión venció el 11 de agosto, pero ante la falta de avances judiciales, la empresa decidió prolongar la posibilidad de retiros voluntarios y extender la suspensión laboral una semana más.
El viernes, la jueza Díaz Bancalari visitó la planta junto a peritos, quienes deberán evaluar la situación y emitir un informe que será crucial para el futuro de la planta y sus trabajadores. García advirtió que “ya llevamos casi cinco meses sin trabajar, cobrando solo el 75 por ciento del sueldo”, lo que ha generado un grave deterioro salarial. También criticó la intervención del Ministerio del Medio Ambiente y el accionar judicial, afirmando que la clausura carece de fundamento lógico.
El fallo de la magistrada, que se espera dentro de los próximos días, podría definir el futuro de la planta y de los empleados que, con creciente preocupación, aguardan una resolución.
