La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires intensificó la lupa sobre el proceso judicial que tuvo en el centro de la escena al Sindicato de Camioneros.
A través de la Subsecretaría de Control Disciplinario, el máximo tribunal requirió a la fiscal María del Valle Viviani una serie de explicaciones clave respecto a las prolongadas prisiones preventivas que debieron afrontar Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, las cuales se extendieron por más de cuatro años.
El requerimiento, formalizado en el expediente administrativo 3000-24243-2026, bajo la órbita de Nora Farina, consta de siete puntos específicos orientados a auditar el recorrido procesal de las detenciones.
Entre los requerimientos figuran las fechas en que se dictaron las medidas cautelares, el cumplimiento de los plazos razonables de encierro, la existencia de planteos de morigeración o excarcelación por parte de las defensas y las debidas comunicaciones cursadas a la Procuración General.
Las actuaciones hunden sus raíces en una presentación realizada a mediados de 2026 por el abogado Gabriel Ruiz, quien denunció presuntos incumplimientos en los controles legales de la privación de la libertad. Si bien la Corte rechazó en su momento tratar el reclamo por cuestiones de competencia, ordenó girar los antecedentes a la Subsecretaría de Disciplina para indagar en la regularidad de los plazos procesales.
De este modo, la Suprema Corte bonaerense busca esclarecer los tiempos y los fundamentos que sostuvieron un encierro preventivo prolongado, un andarivel institucional que corre en paralelo -pero de manera absolutamente escindida- al debate político y a las repercusiones generadas en torno al fallo que recientemente dictó la absolución de Cabaleyro.
