
La decisión se formalizó mediante el Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, y supone un cambio estructural en el esquema que regulaba las cuotas escolares. Desde ahora, los colegios privados no subvencionados podrán fijar libremente sus aranceles, sin autorización previa ni obligación de comunicar los valores al Estado con anticipación.
En la provincia de Buenos Aires, la medida solo alcanza a los colegios privados sin subsidio estatal, porque el territorio bonaerense ya cuenta con un régimen arancelario propio que regula los valores en los establecimientos subvencionados. Según la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), en San Nicolás esto impacta únicamente en dos jardines de infantes del nivel inicial. El resto de las instituciones privadas —que sí reciben aportes estatales— seguirá regulado por las normas provinciales vigentes.
En cambio, en otras provincias, el efecto puede ser más amplio: allí donde no exista un sistema provincial de control arancelario, la derogación del decreto nacional implicará una liberación total de las cuotas, incluso para los colegios que reciben subsidios. En los distritos con legislación propia, la desregulación se aplicará solo a los establecimientos sin aportes del Estado, como ocurre en Buenos Aires.
El Gobierno nacional fundamentó la medida al señalar que el sistema anterior “imponía limitaciones” que afectaban la adaptación de los institutos privados a las variaciones del mercado y la viabilidad económica del sector. Además, consideró que la intervención estatal “terminaba perjudicando a las familias”, porque las instituciones solían fijar precios más altos para anticiparse a aumentos no autorizados.
El decreto también plantea que los colegios deberían tener libertad para definir salarios y condiciones laborales de su personal, en defensa del principio de libre contratación.
Finalmente, el texto instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar el sistema general de financiamiento de la educación privada para avanzar hacia un modelo de mayor autonomía institucional y competencia leal.



