El gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva batería de proyectos y ya ingresó al Congreso un paquete de iniciativas que incluye el llamado Súper RIGI, una ley contra la ludopatía, cambios en la normativa de Etiquetado Frontal y una nueva regulación sobre lobby y gestión de intereses privados. Se trata de la tercera tanda de propuestas enviadas por el oficialismo desde el inicio de las Sesiones Ordinarias.
El anuncio había sido anticipado días atrás por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ahora quedó formalizado con el envío de los textos al Palacio Legislativo. Mientras tanto, la mesa política del oficialismo mantendrá este martes una reunión en Balcarce 50 para definir cómo encarar la agenda parlamentaria de los próximos meses y recuperar centralidad en el debate público.
El encuentro buscará ajustar la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso. En la Casa Rosada entienden que el escenario legislativo obligará a profundizar negociaciones con aliados y sectores dialoguistas para conseguir respaldo a las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
Dentro del paquete, las prioridades del Gobierno pasan por el Súper RIGI y la modificación de la ley de Etiquetado Frontal. En el caso del nuevo régimen de incentivo a las grandes inversiones, el proyecto fija un plazo de cinco años para adherirse, con posibilidad de extenderlo por un año más, y exige la creación de Vehículos de Proyecto Único con activos afectados exclusivamente a cada iniciativa.
La propuesta establece además un piso mínimo de inversión de u$s1.000 millones por proyecto y obliga a desembolsar al menos el 20% de ese monto dentro de los primeros dos años desde la adhesión. A eso se suma un esquema de beneficios impositivos y cambiarios que incluye una alícuota reducida del 15% en Ganancias, amortización acelerada, deducción ilimitada de quebrantos, reducción sobre dividendos y exenciones de importación y exportación.
El texto también incorpora un régimen especial para nuevas relaciones laborales, con una alícuota única del 10% para contribuciones patronales. En paralelo, se habilita un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas vinculadas a exportaciones, que irá del 20% al 100% en un período de tres años.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado que el esquema apunta a sectores como el refinamiento de cobre, el laminado y la fabricación de automóviles eléctricos a partir del litio argentino. “Este nuevo RIGI puede hacer que una empresa decida una inversión de u$s20.000 o u$s30.000 millones en favor de la Argentina”, había señalado.
Otro de los proyectos enviados apunta directamente contra la actual ley de Etiquetado Frontal. El Gobierno busca derogar el sistema de octógonos negros que advierten sobre excesos de azúcares, grasas, sodio y calorías en alimentos procesados. Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa vigente “puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto del perfil nutricional integral” y generar confusión en consumidores.
En los fundamentos, la administración libertaria también cuestionó la metodología de cálculo utilizada para definir los sellos de advertencia. Según el texto, durante la aplicación de la ley aparecieron resultados “técnicamente inconsistentes o desproporcionados respecto del perfil nutricional global del alimento”.
En paralelo, el oficialismo presentó una iniciativa enfocada en combatir la explotación ilegal de apuestas online y reforzar controles sobre el acceso de menores de edad a plataformas de juego. El proyecto de ludopatía busca “erradicar la explotación de juegos de azar en línea no autorizados, así como su publicidad, promoción y difusión”.
La propuesta contempla estrategias de prevención y asistencia coordinadas con provincias y la Ciudad de Buenos Aires, además de campañas de concientización y elaboración de estadísticas para monitorear políticas de rehabilitación. También introduce modificaciones al Código Penal y eleva de tres a seis años la pena para quienes organicen sistemas de captación de apuestas sin autorización oficial.
El cuarto proyecto gira alrededor de la regulación de la actividad de lobby y la gestión de intereses privados frente al Estado. El Ejecutivo propone crear un Registro Público de Gestores de Intereses, digital y de acceso gratuito, donde deberán quedar asentados los contactos entre funcionarios y actores privados.
La iniciativa alcanzará a empresas, cámaras empresarias, sindicatos, ONGs y actores internacionales que intenten influir sobre leyes, decretos, contrataciones públicas, beneficios fiscales o políticas estatales. Además, el texto incorpora límites vinculados a posibles conflictos de interés y prohíbe actuar como gestores a funcionarios alcanzados por la Ley de Ética Pública.
“La gestión de intereses es una actividad legítima que permite que diferentes sectores económicos y sociales acerquen sus propuestas y necesidades a los tomadores de decisiones públicas”, sostiene el proyecto enviado al Congreso. Según el oficialismo, la iniciativa apunta a construir una herramienta “más deliberativa, transparente y liberal” para ordenar la relación entre el sector privado y el Estado.
