El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzará a regir en todo el país el sábado 5 de septiembre. Desde entonces, podrán ser sometidos a un proceso penal los adolescentes que tengan entre 14 y 17 años al momento de cometer un delito.
La Ley 27.801, publicada el 9 de marzo en el Boletín Oficial, reemplazará el sistema establecido en 1980. La legislación busca que los jóvenes comprendan las consecuencias de sus actos y, al mismo tiempo, accedan a medidas educativas, tratamientos y herramientas para su reinserción social.
Las respuestas dependerán de la gravedad de cada hecho. Si la pena prevista no supera los tres años y se cumplen las condiciones establecidas por el Código Penal, la prisión deberá sustituirse por una sanción alternativa. Para delitos más graves podrá ordenarse una medida privativa de la libertad.
Entre las opciones contempladas aparecen la prestación de servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la reparación del daño y las prohibiciones de acercamiento o contacto. Los jueces también podrán disponer la continuidad de los estudios, capacitaciones laborales, asistencia sanitaria, tratamientos psicológicos y participación en actividades deportivas o culturales.
La norma establece que toda restricción de derechos deberá ser indispensable, proporcional y lo menos perjudicial posible. Durante la investigación, la detención solamente podrá ordenarse cuando exista riesgo real de fuga o peligro de que el acusado obstaculice el proceso.
Si corresponde una pena privativa de la libertad, podrá cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto o en un establecimiento especializado. Los jóvenes no podrán ser alojados junto con personas adultas.
Uno de los puntos centrales es que queda prohibida la prisión o reclusión perpetua. La condena máxima será de 15 años, incluso cuando la escala penal prevista para un adulto sea superior.
Los menores de 14 años continuarán siendo inimputables y no podrán recibir sanciones. No obstante, la investigación seguirá adelante para esclarecer el episodio y determinar la posible participación de otras personas.
El régimen también incorpora la mediación penal juvenil, la suspensión del proceso a prueba y otras salidas para determinados casos. La víctima podrá intervenir en las actuaciones, recibir asistencia especializada y acceder a patrocinio jurídico gratuito si no cuenta con recursos.
Los expedientes deberán quedar a cargo de jueces, fiscales, defensores y equipos especializados. La legislación alcanzará a las causas tramitadas en el Departamento Judicial San Nicolás y convoca a las provincias a adecuar sus procedimientos al nuevo sistema.
Además, los padres conservarán la responsabilidad civil por los daños causados por sus hijos, conforme a lo establecido por el Código Civil y Comercial.
