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El Colegio de Abogados advirtió que las vacantes afectan el funcionamiento de la Justicia

La entidad que representa a la abogacía provincial pidió avanzar con la cobertura de cargos vacantes y advirtió sobre el impacto institucional que genera la situación

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El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación por la cantidad de cargos vacantes que existen tanto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación como en la Suprema Corte bonaerense y reclamó que los procesos de designación avancen conforme a los mecanismos previstos por la Constitución.

A través de un comunicado, el Consejo Superior de la entidad sostuvo que la falta de integración de ambos tribunales compromete el normal funcionamiento del sistema judicial. Actualmente, la Corte Suprema nacional cuenta con tres de sus cinco integrantes, mientras que la Suprema Corte de la provincia también funciona con solo tres ministros y mantiene cuatro vacantes sin cubrir.

Desde la institución señalaron que esta situación dificulta una de las funciones centrales de los máximos tribunales: unificar criterios jurídicos y brindar previsibilidad a las decisiones judiciales. Por ese motivo, solicitaron que las designaciones se concreten con celeridad y respetando los procedimientos constitucionales, con participación de los poderes públicos y de la comunidad jurídica.

El presidente del Colegio de Abogados bonaerense, Rafael Gentili, remarcó que la preocupación no es nueva y que la entidad viene reiterando el reclamo desde hace tiempo. En ese sentido, sostuvo que la prolongación de las vacantes afecta el servicio de Justicia y consideró necesario avanzar en consensos institucionales para completar la integración de los tribunales.

Además, el Colegio planteó que los futuros nombramientos deben recaer en profesionales de reconocida trayectoria ética y técnica, contemplando criterios de especialización, diversidad de género y representación federal, incluyendo referentes del interior de la provincia y del ejercicio independiente de la abogacía.

El pronunciamiento alcanza tanto al ámbito nacional como al provincial y pone nuevamente en agenda un tema que distintos actores del sistema judicial consideran prioritario para garantizar el funcionamiento pleno de la Justicia.

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