El programa de vouchers está diseñado para beneficiar a más de 50 mil residentes sin cobertura médica, ofreciéndoles una credencial que cubre las prestaciones médicas básicas, según se informó oficialmente. En casos que requieran atención especializada, los pacientes serán derivados a hospitales públicos, creando un modelo de atención mixto, se precisó en las últimas horas.
Esta medida surge en un contexto de recortes presupuestarios en el sistema de salud pública, que ya vio una disminución del 40 por ciento en su financiamiento. La reducción afecta áreas críticas, incluyendo programas de prevención y tratamiento de enfermedades, generando protestas y huelgas en diversos puntos del país.
El antecedente inmediato de esta política se remonta al intento del anterior intendente, Manuel Passaglia, de desafiliar a los empleados municipales de la obra social del Instituto Médico Asistencial (IOMA), favoreciendo a la prepaga Avalian. Ese intento, que fue detenido por la resistencia de los trabajadores, generó controversia debido a las conexiones comerciales de la familia Passaglia con la prepaga.
La nueva clínica en San Nicolás es administrada por el Grupo Oroño, también propietario de OSDE y forma parte de un esquema más amplio de subsidios a sanatorios privados. Esta política fue criticada por favorecer a grandes capitalistas del sector salud, mientras el sistema público enfrenta serias deficiencias.
El impacto del programa de vouchers en la salud pública es motivo de debate. Mientras el Gobierno Municipal defiende la medida como una solución necesaria para descomprimir el sistema colapsado, algunos sectores advierten que podría exacerbar las desigualdades en el acceso a la atención médica. La creciente demanda en hospitales públicos durante el invierno y el aumento de enfermedades respiratorias subrayan la urgencia de soluciones efectivas y equitativas.
El Ministerio de Capital Humano, paralelamente, que supervisa la Secretaría de Salud, promovió la colaboración con la Fundación CONIN, liderada por Abel Albino, conocido por sus posturas conservadoras. Esta colaboración fue cuestionada por su enfoque en talleres de salud que desalientan el uso de métodos anticonceptivos.
En el ámbito nacional, el Gobierno tomó medidas que favorecen a las prepagas sobre las obras sociales, incluyendo la eliminación de la retención del 20 por ciento de los aportes de las cuotas de afiliados. Esta política podría desestabilizar el sistema solidario de salud, ampliando la brecha entre quienes pueden pagar por servicios privados y aquellos que dependen de la cobertura social.
Mientras la implementación de los vouchers en salud en San Nicolás dicen que representa una apuesta por aliviar el sistema público, no deja de levantar diversos interrogantes sobre sus consecuencias a largo plazo. La necesidad de un debate amplio y de políticas que realmente fortalezcan el acceso a la salud para todos es más urgente que nunca, despojado de todo tipo de colores políticos. Y principalmente, intereses comerciales.
Guillermo Memo García, de la Redacción de COSA CIERTA
