Hay una contradicción cada vez más difícil de disimular en la política sanitaria de San Nicolás.
Por un lado, una medicina local que demuestra capacidad, formación y vocación de excelencia. Y por otro, un modelo de gestión que, lejos de fortalecer ese potencial, parece orientado a desarticular lo público, concentrar decisiones y, en algunos casos, favorecer esquemas que generan más dudas que certezas.
El contraste no es menor. Mientras profesionales locales impulsan jornadas de alto nivel en el Hospital Interzonal General de Agudos San Felipe y el Círculo Médico, posicionando a la ciudad como referencia en cirugía moderna, el Municipio avanza en decisiones que impactan directamente en el acceso, la equidad y la transparencia del sistema.
La concesión del Hospital Zona Sur es, quizás, el caso más emblemático. No solo por el fondo, sino por la forma. Un proceso que, según se denunció, se resolvió en menos de 24 horas y con instancias técnicas claves completadas en tiempo récord. “Donde el oficialismo ve eficiencia, hay una abdicación total del deber de control”, advirtió, por ejemplo, el concejal Danilo Petroni. Palabra largamente autorizada por diversos motivos.
La frase no es solo una crítica. Es una síntesis de un modelo que prioriza la velocidad sobre la rigurosidad.
Pero el problema no termina ahí. El esquema que se empieza a configurar abre interrogantes más profundos. ¿Qué rol juega el Estado cuando financia infraestructura, equipamiento y hasta el funcionamiento de un sistema que luego queda en manos privadas? ¿Dónde queda la salud pública cuando los recursos se direccionan hacia modelos concesionados? “Se extrae la riqueza de las necesidades públicas para inyectarla en la rentabilidad privada”, sostuvo el médico Petroni, poniendo en palabras una preocupación que crece en distintos sectores.
A este escenario se suma el reciente antecedente de una señal preocupante: el rechazo a iniciativas que buscan resolver problemas concretos. El caso del transporte para personas con discapacidad es ilustrativo. Un proyecto que intentaba dar certezas a un sistema que hoy funciona con acuerdos informales y respuestas erráticas fue descartado sin ofrecer una alternativa superadora. “Si esto se archiva, pierde la gente”, advirtió la concejal Mariana Aseff. Y, en este caso, la política decidió mirar para otro lado.
La consecuencia es directa. Vecinos que no pueden llegar a sus tratamientos, familias que dependen de decisiones discrecionales y un Estado que, en lugar de ordenar, se ausenta. No se trata de una discusión técnica, sino de derechos básicos.
El traslado del CEMPRE profundiza aún más este rumbo. Bajo un hermetismo llamativo, el Municipio decidió vaciar un espacio histórico de atención primaria en pleno centro para concentrar servicios en el Hospital Zona Norte. La medida, lejos de mejorar el sistema, introduce nuevas barreras. Aleja la salud de los barrios, complica la accesibilidad y recarga una estructura que ya presenta signos de saturación.
El dato no es menor. El edificio de Pellegrini 111 no es un inmueble cualquiera. Fue donado con un fin sanitario claro, ligado al bienestar de la comunidad. Hoy, su futuro es incierto. Y en esa incertidumbre aparecen preguntas incómodas sobre el destino del patrimonio público.
En paralelo, la realidad cotidiana expone otra cara del sistema: dificultades para conseguir turnos, problemas en el transporte, falta de planificación y decisiones que parecen tomadas más en función de la conveniencia política que de una estrategia sanitaria integral.
Lo que se configura es un modelo fragmentado. Uno donde lo público pierde centralidad, lo privado gana terreno con apoyo estatal y el vecino queda en el medio, intentando sostener su derecho a la salud en un esquema cada vez más desigual.
Y, sin embargo, la contracara existe. Está en los profesionales que se capacitan, en los espacios que generan conocimiento, en la vocación de quienes siguen apostando por una medicina de calidad desde lo público y lo colectivo. Esa es la verdadera fortaleza del sistema sanitario nicoleño. No las decisiones apresuradas ni los acuerdos opacos.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿hacia dónde va la salud en San Nicolás? Porque si el rumbo sigue siendo el actual, el riesgo no es solo administrativo o político. Es social. Es estructural. Y, sobre todo, es profundamente injusto.
El passaglismo enfrenta un desafío que ya no puede esquivar: definir si la salud es un derecho que debe garantizarse con transparencia y cercanía, o un terreno donde la lógica de los negocios empieza a marcar el pulso.
Fuente: Imagen creada con IA
