El suicidio constituye uno de los problemas de salud pública más complejos de la actualidad. Tal como describe un informe de la Fundación Soberanía Alimentaria, lejos de tratarse de un problema individual, es la manifestación más cruda de un proceso complejo de salud mental en el que se entrelaza lo colectivo, lo social y la subjetividad de las personas. Por esta razón, su prevención requiere intervenciones que excedan el ámbito estrictamente sanitario y comprometan al Estado, a las instituciones educativas, a las organizaciones sociales y a las propias comunidades.
Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, durante todo el mes, se busca generar conciencia, respuestas y sobre todo hacer que se hable del tema, ya que esta problemática de salud mental no es esporádica: puede atravesarla cualquier ser humano.
A nivel mundial, no se cuenta con datos actualizados pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente 727.000 personas murieron por suicidio en 2021. La OMS advierte, además, que la prevención es posible, pero requiere un abordaje integral: las estrategias más eficaces combinan intervenciones sanitarias con medidas sociales, educativas y comunitarias.
La consideración del suicidio como problema de salud pública supone superar una interpretación exclusivamente individual de la problemática. Desde una perspectiva político-sanitaria, el suicidio y las conductas autolesivas no pueden ser comprendidos como sucesos privados, aislados o meramente individuales, sino como una problemática psicosocial, comunitaria, multidimensional y de salud pública, que compromete de manera directa los derechos humanos y el derecho a la salud integral.
Acto individual: una perspectiva insuficiente
La representación social más extendida del suicidio suele asociarlo con un acto individual, voluntario y orientado hacia un propósito claro. Esta perspectiva, sin embargo, resulta insuficiente para dar cuenta de la complejidad de los procesos que atraviesan a las personas en situaciones de sufrimiento. El suicidio es un fenómeno en el que interactúan factores individuales, familiares, sociales y comunitarios.
Entre los elementos que pueden incrementar la vulnerabilidad se encuentran las dificultades de acceso a la atención de salud mental, el aislamiento social, las consecuencias de la pandemia y determinados factores socioeconómicos. Por ello, el suicidio y las conductas autolesivas requieren respuestas que excedan el abordaje individual y clínico.
Las conductas autolesivas y los intentos de suicidio pueden constituir expresiones de situaciones de intenso sufrimiento psíquico, desamparo, aislamiento o pérdida de referencias y apoyos, en las que se ven afectadas las posibilidades subjetivas y vinculares de elaborar, simbolizar y tramitar el dolor. En este sentido, no se trata únicamente de un “acto individual con un propósito claro”, sino de situaciones complejas en las que pueden confluir el sufrimiento subjetivo, las condiciones de vida, las experiencias de violencia, las desigualdades y la disponibilidad, o ausencia, de redes de sostén y cuidado.
Esta perspectiva implica, por tanto, reconocer que la prevención del suicidio no puede reducirse a la identificación y atención de los factores de riesgo individuales. Requiere fortalecer las condiciones sociales, comunitarias e institucionales que favorecen el cuidado, la inclusión, la participación, la construcción de vínculos y el acceso oportuno a respuestas integrales, intersectoriales e interinstitucionales.
Desde esta perspectiva, el Estado no debe limitar su intervención a la asistencia de personas con problemas de salud mental. Una política integral requiere actuar también sobre las condiciones que pueden incrementar la vulnerabilidad, incluyendo el acceso a la salud y a la educación, las condiciones de trabajo, la inclusión social, la prevención de los consumos problemáticos, el fortalecimiento de los vínculos comunitarios y la disponibilidad de dispositivos de atención temprana.
Pensar el suicidio como problema de salud pública supone, en definitiva, ampliar la mirada: del acto individual hacia las condiciones de vida, los vínculos y las redes de cuidado que hacen posible sostener la vida y construir horizontes de futuro.
La situación en Argentina
La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) expresó días atrás en un comunicado su profunda preocupación ante los alarmantes datos sobre suicidios en el país: según informes del Observatorio de Política Criminal (OPC) y del Ministerio de Salud, la Argentina registra una tasa de 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia. La magnitud del fenómeno implica un promedio de aproximadamente 14 suicidios por día registrados durante 2025.
La cifra, además, supera los decesos producidos por otros hechos violentos y se ubica por encima del promedio mundial estimado por la OMS, configurando una situación de gravedad sanitaria y social. “Estas cifras no son solo como un dato estadístico, ya que constituyen una grave señal que exige respuestas urgentes por parte del Estado”, subrayó la AASM.
En Argentina, a pesar de contar con diversas fuentes de información que no permiten comprender el problema en toda su magnitud, los datos muestran un aumento sostenido y alarmante en los últimos años. Sin embargo, desde el Estado Nacional no se han desarrollado políticas para abordar este problema complejo y multidimensional, se ha reducido el presupuesto destinado a salud mental y se sigue insistiendo con la modificación de la Ley Nacional de salud Mental pasando de un modelo basado en la interdisciplina a un modelo que reduce la enorme complejidad de los padecimientos subjetivos y que va a generar aún más dificultades para el acceso a la atención.
La evidencia internacional permite identificar algunas funciones estatales indispensables. En primer lugar, el Estado debe producir información confiable, continua y desagregada que permita identificar tendencias y grupos de riesgo. En segundo lugar, debe garantizar acceso oportuno a servicios de salud mental y mecanismos de atención y seguimiento. En tercer lugar, debe desarrollar políticas de prevención en ámbitos educativos y comunitarios. Finalmente, debe coordinar acciones con otros sectores que inciden sobre los determinantes sociales de la salud.
La OMS sostiene explícitamente que la prevención del suicidio requiere la participación de sectores que exceden al sistema sanitario, entre ellos educación, empleo, justicia, medios de comunicación y otros actores sociales.
Población objetivo: los jóvenes
En Argentina, esta perspectiva adquiere especial relevancia porque la población joven concentra una proporción significativa del problema. La respuesta estatal debería incluir programas de prevención en escuelas, capacitación de docentes y referentes comunitarios, fortalecimiento de la atención primaria, protocolos para el seguimiento de intentos de suicidio y estrategias específicas destinadas a jóvenes y varones, que presentan una elevada mortalidad.
La problemática del suicidio afecta principalmente a la franja etaria entre los 20 y los 39 años, etapa de inserción en la vida productiva y de construcción de autonomía de las personas. Además, el 80% de las víctimas de estas muertes violentas son varones jóvenes.
Tal como concluye el informe de la Fundación Soberanía Alimentaria, el desafío para abordar esta situación no consiste en elegir entre Estado y comunidad. Consiste en construir una política pública en la que ambos puedan articularse, pero en la que la existencia de redes solidarias no se convierta en un argumento para justificar la ausencia o el debilitamiento de las capacidades estatales.
Se trata, en definitiva, de construir condiciones para que las personas y las comunidades puedan sostener vínculos, desarrollar proyectos de vida y recuperar perspectivas de futuro. Porque prevenir el suicidio también implica garantizar la posibilidad de imaginar un porvenir y contar con los apoyos, las oportunidades y las condiciones materiales y sociales necesarias para construirlo.
El informe completo de la Fundación Soberanía Alimentaria se puede consultar en https://soberaniasanitaria.org.ar/.
