La causa por el crimen del comerciante ramallense César Butara tendrá este lunes una de sus últimas instancias judiciales. En una audiencia prevista para el mediodía, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás determinará las condenas que deberán cumplir Ramiro Cáceres, Walter Díaz y Miguel “Bartolo” Pereyra Retamal, quienes fueron declarados culpables por un jurado popular.
Durante la denominada audiencia de cesura, la fiscalía y las defensas expondrán los agravantes y atenuantes que consideran deben ser tenidos en cuenta antes de que la jueza Belén Ocariz dicte la sentencia para cada uno de los acusados.
El jurado encontró a Cáceres y Díaz culpables del delito de homicidio criminis causa, figura que prevé la prisión perpetua. En tanto, Pereyra Retamal fue condenado por robo agravado por homicidio, cuya escala penal contempla una pena de hasta 25 años de prisión. Los tres también fueron hallados responsables por portación ilegal de arma de fuego.
El veredicto fue conocido el pasado 3 de julio, luego de un juicio por jurados en el que se analizaron las responsabilidades de los tres imputados en el asalto que terminó con la muerte de Butara. Con la culpabilidad ya establecida, la audiencia de este lunes estará centrada exclusivamente en la determinación de las penas.
La investigación determinó que el 19 de febrero de 2024 cinco delincuentes concretaron un violento asalto en la vivienda del comerciante ramallense César Butara, ubicada en Villa Ramallo. Tras reducir a su esposa y a sus tres hijos, Butara acudió en su ayuda y recibió un disparo a quemarropa que le provocó la muerte. Según la acusación, los asaltantes continuaron con el robo mientras mantenían bajo amenazas al resto de la familia.
Dos de los participantes del hecho, Facundo Agustín Gómez y José Antonio “Toti” Pereyra Retamal, habían optado por ser juzgados mediante un juicio técnico. En febrero de este año fueron condenados a 20 años de prisión como partícipes secundarios del homicidio.
La resolución que adopte este lunes el Tribunal marcará el cierre del proceso para los tres acusados que eligieron ser juzgados por un jurado popular y pondrá fin a una de las causas penales de mayor repercusión en la región durante los últimos años.
