Opinión

Haz lo que yo digo y no lo que yo hago

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La política tiene esas paradojas que difícilmente puedan disimularse con una buena y principalmente muy cotosa campaña de comunicación.

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia decidieron presentar en sociedad su primera propuesta presidencial con una iniciativa que lleva un título atractivo: Cero Impuestos a la Reactivación Industrial y PyMEs. La promocionaron en medios nacionales, la llevaron a la Cámara de Diputados y -según publicitaron- hasta enviaron una carta a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno porteño para invitarlos a replicar la iniciativa.

El mensaje es contundente: hay que bajar la presión tributaria, estimular las inversiones, poner nuevamente en funcionamiento las fábricas y generar empleo. Según explicaron, las empresas que incrementen su producción no deberían pagar impuestos adicionales sobre ese crecimiento durante 48 meses. El proyecto contempla beneficios en Ganancias y en el impuesto al cheque.

La discusión sobre la necesidad de aliviar la carga fiscal del sector productivo es legítima. El problema aparece cuando se intenta contrastar ese discurso con la realidad del distrito desde el cual los Passaglia construyeron su poder económico.

Porque mientras en el escenario nacional hablan de aliviar a las industrias y las PyMEs, en San Nicolás las preguntas de los contribuyentes siguen sin respuestas satisfactorias.

¿Qué pasa con la Tasa de Seguridad e Higiene? ¿Qué servicio concreto recibe una empresa a cambio de lo que paga? ¿Cómo se explica que un Municipio que reclama menos impuestos en la Argentina mantenga una estructura tributaria local que empresarios y comerciantes cuestionan por su elevado costo?

Una tasa no puede convertirse en un mecanismo de recaudación desvinculado de la prestación que le da fundamento. Su justificación exige una relación razonable entre el tributo y el servicio municipal. Y esa relación merece una explicación pública, especialmente cuando existen cuestionamientos sobre la contraprestación efectiva.

Tampoco resulta menor la discusión sobre la denominada Tasa de Desarrollo Urbano, cuyo cálculo toma como referencia el valor de las propiedades. Un esquema que despierta interrogantes sobre los criterios utilizados para determinar cuánto debe aportar cada contribuyente y cuál es el servicio concreto que justifica ese cobro.

A esto se suma otro dato que contradice el mensaje de alivio fiscal: el proyecto de Ordenanza Fiscal y Tarifaria para 2027 contempla incrementos cercanos al 31 por ciento en distintos parámetros tributarios. La iniciativa también habilita actualizaciones mensuales vinculadas a la inflación.

La ordenanza preparatoria ya atravesó una primera instancia legislativa, aunque todavía debe completarse el procedimiento para su aprobación definitiva. Es decir, mientras los Passaglia hablan de congelar la presión impositiva sobre el crecimiento productivo en la Argentina, su administración municipal impulsa nuevos valores para los tributos locales.

La contradicción merece una explicación política, no solamente contable.

Hay además otros asuntos pendientes de respuesta. Entre ellos, los cuestionamientos que se llevaron al Tribunal de Cuentas por aproximadamente 20 millones de dólares vinculados al desarrollo urbano.

De acuerdo a los planteos opositores, la ejecución habría alcanzado apenas una quinta parte de lo previsto en un período de 9 años. Se trata de observaciones que requieren información oficial, documentación y explicaciones sobre el destino de los recursos.

La discusión no termina en los números. También involucra el modelo de gestión, el trato con el sector privado y las condiciones en las que deben desenvolverse quienes producen, invierten y generan empleo en la ciudad. Los cuestionamientos sobre el vínculo del Municipio con empresarios que mantienen diferencias con el oficialismo también forman parte de un debate que merece transparencia y respuestas concretas.

Por supuesto que la familia Passaglia tiene derecho a presentar proyectos nacionales, recorrer medios de comunicación y aspirar a ocupar los principales cargos de la República. Pero también tiene la responsabilidad de explicar el funcionamiento del Municipio que gobierna.

Si la presión impositiva es un obstáculo para producir, lo es también en San Nicolás. Si los impuestos desalientan las inversiones, el problema no desaparece cuando cambia la jurisdicción del discurso. Y si una tasa debe estar justificada por un servicio, ese principio no puede aplicarse solamente cuando se habla de otros gobiernos.

La discusión de fondo es bastante sencilla: ¿los impuestos son una herramienta para acompañar a quienes producen o una fuente de recursos que el Estado procura ampliar cada vez que necesita recaudar?

La respuesta no está en el Congreso ni en la aparición en los medios nacionales. Está en las ordenanzas municipales, en las facturas que pagan los nicoleños y en los servicios que reciben a cambio.

Los Passaglia pueden presentar todos los proyectos que quieran y comprar todos los espacios publicitarios que estén a su alcance. Pero hay algo que ninguna campaña puede disimular: la distancia entre lo que se promete y lo que se hace.

En San Nicolás, el discurso de los cero impuestos todavía no llegó a las boletas. Y mientras los contribuyentes sigan pagando cada vez más, la propuesta nacional tendrá una pregunta sin respuesta: ¿por qué lo que es bueno para el país no lo es también para San Nicolás?

 

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