El Juzgado Federal de Garantías N° 2 de San Nicolás formalizó la investigación penal contra tres integrantes de la Clínica Centro S.A. de Pergamino, acusados de presunta defraudación contra la administración pública por el supuesto cobro de prestaciones médicas inexistentes al PAMI.
La audiencia se realizó el miércoles, en el marco de la investigación es impulsada por la sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, representada por su titular Matías Felipe Di Lello.
Los imputados son un profesional de la clínica, el presidente de la institución y el director médico. Todos oriundos de Pergamino, que fueron formalmente acusados como coautores del delito de Defraudación contra la Administración Pública, previsto en el Artículo N° 174, Inciso 5° del Código Penal, en función del Artículo N° 172.
Según fuentes judiciales, la maniobra investigada consistiría en la facturación al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) de prácticas, consultas e internaciones que en realidad no habrían sido realizadas. La acusación sostiene que se utilizaron Órdenes Médicas Electrónicas (OMES) para transmitir al cobro prestaciones inexistentes.
Como parte de las medidas cautelares, el juez Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la prohibición de salida del país para los tres imputados y fijó una caución real de 10 millones de pesos para cada uno, monto que deberá ser depositado dentro de los próximos 10 días. Además, se prorrogó la investigación preliminar por 90 días, hasta el próximo 6 de agosto.
Durante la audiencia, los acusados afirmaron comprender los hechos imputados, aunque el presidente de la Clínica Centro y su director médico rechazaron las acusaciones y negaron haber participado en los hechos investigados.
La defensa, encabezada por el abogado Claudio Funes, no se opuso a la formalización de la investigación y adelantó que analizará la prueba reunida para elaborar su estrategia.
En el detalle de la investigación, durante un allanamiento en la institución de calle Pueyrredón 840 de la vecina ciudad solo pudieron secuestrarse cuatro historias clínicas de un total de 28 casos analizados, y que en ninguna de ellas figuraban las consultas y órdenes médicas que habrían sido facturadas al PAMI. De todos modos, la Fiscalía sospecha que exitirían cientos de casos más.
Asimismo, se indicó que en el Libro de Guardia de la clínica no aparecían registrados los nombres de los pacientes involucrados en la causa. En contraste, Di Lello señaló que las prestaciones que efectivamente sí fueron realizadas en el establecimiento estaban correctamente asentadas en los registros médicos.
En uno de los casos citados por la Fiscalía, la internación, medicación y estudios de un paciente sí aparecían detallados en documentación secuestrada durante el procedimiento. Para los investigadores, esto demuestra una diferencia clara entre las prácticas reales y aquellas presuntamente transmitidas de manera fraudulenta.
De acuerdo a lo ventilado el 95 por ciento de las OMES no fueron emitidas por la Clínica Centro y los numerosos afiliados declararon no haberse atendido en ese centro médico, no conocer a los profesionales mencionados o incluso no padecer las patologías vinculadas a las prácticas facturadas.
También se remarcó que varios beneficiarios manifestaron haber evitado atenderse en la clínica por “la mala atención”, optando por dirigirse al Hospital Interzonal General de Agudos “San José” de Pergamino.
Según la acusación, la maniobra no solo habría perjudicado económicamente al PAMI, sino también a los afiliados, ya que algunas de las prácticas médicas facturadas solo pueden realizarse una vez por año, afectando así el acceso efectivo a la salud.
