Tras la reciente renuncia de Marcelo Bailaque a su cargo como juez federal, en “La Primera Mañana” fue entrevistada la diputada santafesina Lionella Cattalini, quien fue la primera en denunciar al magistrado y recordó cómo comenzó una causa que hoy es un escándalo de alcance nacional.
La Diputada comentó: “lo denuncié penalmente por una causa que tenía que ver con haber retardado una investigación relacionada al narcotráfico, puntualmente a Esteban Alvarado, luego se supo que compartía el contador”, dijo para referirse a “Gabriel Miró, que era contador del juez y el que firmaba los balances de las empresas que usaba Alvarado para lavar dinero”. “Después se supo que compartía una red de corrupción con exfuncionarios, con sindicalistas que se dedicaban justamente o a beneficiar empresarios o a armar causas para luego cobrar coimas de parte de ellos. Bailaque está imputado y tiene prisión preventiva dictada, confirmada por una Cámara Federal de Apelaciones” tras la denuncia que radicó Cattallini en 2024.
Tras el pedido de dimisión de Baialque, “con fecha del 1 de julio, hay que ver si el Presidente de la Nación acepta esa renuncia, y luego de ello tiene una prisión preventiva que está dictada y confirmada y la Cámara Federal la morigeró para una prisión domiciliaria. O sea que si se acepta la renuncia, queda sin fueros, va a cumplir esa prisión en su casa”.
No es común que en el país un Juez Federal renuncie a su cargo, por lo que para Cattallini, esto es “una especie de reconocimiento de culpabilidad, creo que es la manera de aceptar que tuvo parte que ver con este entramado”. Además, “tiene grandes posibilidades de ser destituido por el Consejo y efectivamente por el jury de enjuiciamiento y entonces quiere evitar ser destituido y acogerse al beneficio jubilatorio” que perdería en caso de ser destituido.
Respecto de las demás causas que tramitaron baja la órbita de intervención de Bailaque – como por ejemplo la sospecha de “enriquecimiento ilícito y lavado de activos” que pesa en contra de la familia Passaglia – Cattallini, explicó que en caso de sospechar que existió algún tipo de manejo espurio o ilegal, el fiscal interviniente “debe tener pruebas concretas de un posible prevaricato de parte del juez, de algún vínculo porque lo peor que podemos hacer también es desconfiar de todas las resoluciones y agolpar el sistema de justicia con más causas. Si hay pruebas concretas de que eso ocurrió, por supuesto que la persona que esté involucrada tiene que hacerlo”.
