La Municipalidad de San Nicolás dispuso el viernes una nueva clausura sobre la empresa MoviPort S.A., en una medida que desde la firma califican como una decisión de naturaleza política, desvinculada de incumplimientos que justifiquen la interrupción de sus actividades.
El procedimiento se desarrolló sin exhibir nunca el acta formal de clausura. No estaba. Los motivos invocados por los representantes municipales estarían relacionados con aspectos reglamentarios que, desde la empresa, ya fueron cumplimentados y cuenta con la documentación correspondiente.
Desde MoviPort S.A. sostienen que las observaciones formuladas por el Municipio se encuentran regularizadas y que no existen razones objetivas que expliquen una medida de semejante magnitud. En ese contexto, consideran que la clausura responde a una política sistemática de presión y persecución impulsada por el passaglismo.
La decisión genera especial preocupación por su impacto sobre el empleo. MoviPort emplea de manera directa a unas 250 personas y su actividad también sostiene a transportistas, contratistas, proveedores y numerosos trabajadores vinculados a la operatoria logística y portuaria de la región.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el despliegue realizado para concretar el procedimiento. Patrulleros y efectivos policiales participaron del operativo, en una escena que fue calificada como desproporcionada para una actuación de carácter administrativo. La utilización de esos recursos también reavivó cuestionamientos en una ciudad donde los vecinos continúan reclamando mayores respuestas frente a los hechos de inseguridad.
El episodio constituye una nueva muestra del modo en que el passaglismo utiliza las facultades de control del Estado municipal como herramienta de confrontación política. La clausura de MoviPort reabre así el debate sobre los límites del poder administrativo, la necesidad de brindar seguridad jurídica a quienes invierten y producen, y la obligación de resguardar las fuentes de trabajo frente a decisiones que consideran arbitrarias.
Cuando conviene
Entre tanto cruce de comentarios políticos que se fueron generando, la indignación también desembocó en vecinos ajenos a la situación. Sucede que, entre tantas imágenes que se difundieron una de ellas mostraba la presencia de un operativo policial que contaba con dos móviles y la presencia de varios efectivos quienes habían sido notificados por el jefe departamental, pero que no tenían en claro el rol que se les adjudicó para esa tarea en particular. Incluso, llamó la atención de los presentes que ese número de agentes estén destinados a una presunta clausura y sean alertados con tanta antelación, una pregunta realizada por los referentes legales de las empresas, pero que no recibió respuesta fehaciente.
Por cuestiones como estas, los nicoleños no se llamaron a silencio y a través de redes sociales hicieron notar su malestar. “Ósea que cuando el Municipio recibe reclamos por falta de seguridad se pone como excusa que la Policía depende de la Provincia, pero para clausurar una empresa de un referente opositor si pueden disponer de la policía provincial”, expresó un nicoleño en las redes sociales de COSA CIERTA, haciendo alusión a la contradicción entre el discurso que buscan imponer los hermanos Passaglia y la realidad que se percibe.
A fin de cuentas, una muestra de lo que el Municipio prioriza: la utilización de recursos y poder político para beneficio propio sin importar poner en riesgo la fuente de trabajo de las familias que deberían cuidar.
Lo que dijo Moviport S.A.
La empresa explicó que la clausura fue fundamentada en la supuesta falta de presentación de documentación vinculada a la habilitación y a las condiciones de seguridad. Sin embargo, la empresa rechazó ese argumento y afirmó que la totalidad de la documentación requerida fue presentada en tiempo y forma, circunstancia que puede acreditarse mediante los correspondientes comprobantes de presentación.
Asimismo, durante el procedimiento, el personal actuante no verificó la documentación ya presentada, limitándose a ejecutar la clausura.
Esta decisión paraliza la actividad de la empresa que desde hace décadas invierte, genera empleo y presta servicios estratégicos para la producción y la logística, afectando de manera directa a más de 200 familias que dependen de su funcionamiento.
Moviport S.A. ratifica su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente y anuncian que ejercerán todas las acciones administrativas y judiciales necesarias para obtener el inmediato levantamiento de una medida que consideran infundada y gravemente perjudicial para sus trabajadores, clientes, proveedores y para el desarrollo productivo de la ciudad.
La empresa también agradeció el acompañamiento recibido de trabajadores, clientes, proveedores y de toda la comunidad, y reafirma que continuarán defendiendo el trabajo, la producción y el respeto al Estado de Derecho.
