Hay una escena que se repite con una frecuencia preocupante en la política argentina. Cada vez que la inseguridad golpea con fuerza a una ciudad, aparecen intendentes que señalan de inmediato hacia la Provincia, denuncian la falta de policías, reclaman más patrulleros, exigen recursos y convierten cada hecho delictivo en una oportunidad para desligarse de cualquier responsabilidad. El problema siempre parece estar en otro lado. Nunca en la propia gestión.
Es cierto que la seguridad pública tiene una estructura provincial y que las fuerzas policiales dependen, en la mayoría de los casos, de los gobiernos provinciales. Pero esa realidad jurídica no alcanza para absolver a quienes conducen los municipios.
El intendente no es un simple espectador de lo que sucede en las calles. Es el jefe político del Estado Municipal y, como tal, tiene la obligación de liderar, coordinar, prevenir, gestionar y reclamar con resultados, no con excusas.
La ciudadanía no elige especímenes de redes sociales. Elige gobernantes. Personas capaces de enfrentar los problemas aun cuando las herramientas no sean absolutas. Gobernar implica asumir responsabilidades incluso cuando las competencias son compartidas. Porque el vecino no distingue organigramas administrativos cuando sale de su casa con miedo o cuando un comercio baja la persiana por un robo más. Pero muchos intendentes parecen haber encontrado una fórmula cómoda: despegarse de los costos de la inseguridad mientras capitalizan políticamente el reclamo. Se presentan como víctimas de un Gobierno Provincial indiferente, construyen un relato de impotencia institucional y utilizan ese discurso como escudo para evitar cualquier evaluación sobre sus propias decisiones.
Mientras tanto, la prevención queda relegada. Las inversiones en tecnología resultan insuficientes o mal planificadas. La coordinación con la Justicia y las fuerzas de seguridad pierde intensidad. El ordenamiento urbano, la iluminación de los sectores más postergados, el control territorial y las políticas locales destinadas a reducir oportunidades para el delito dejan de ocupar un lugar prioritario. Lo urgente pasa a ser la construcción del relato político.
El fenómeno revela una transformación preocupante de la gestión pública. Hay funcionarios que viven en campaña permanente. Cada acto, cada publicación en redes sociales y cada declaración pública está pensada en función de la próxima elección. El Gobierno deja de ser un ejercicio cotidiano de resolución de problemas para convertirse en una estrategia de posicionamiento personal.
Cuando eso ocurre, las prioridades cambian. La seguridad deja de medirse por la tranquilidad que recuperan los vecinos y pasa a evaluarse por el impacto que puede tener en una encuesta. Las decisiones se subordinan a los cálculos electorales. El objetivo ya no es gobernar mejor, sino preservar la imagen, evitar costos y sostener un proyecto político individual.
La consecuencia es una peligrosa dilución de responsabilidades. Nadie se hace cargo de los fracasos. Todos encuentran un culpable externo. Si falta seguridad, la culpa es de la Provincia. Si hay crisis económica, la responsabilidad es de la Nación. Si una política local fracasa, siempre existe una explicación que traslada el problema hacia otro nivel del Estado.
Pero la confianza pública no se edifica señalando culpables. Se fortalece cuando quienes ejercen el poder aceptan que gobernar implica responder por aquello que ocurre bajo su conducción, incluso cuando las soluciones dependen de múltiples actores.
La sociedad necesita con urgencia dirigentes menos preocupados por la campaña constante y más comprometidos con la gestión permanente. Intendentes que comprendan que el cargo no consiste únicamente en reclamar recursos, sino también en administrar con inteligencia los que poseen, coordinar esfuerzos, liderar equipos y asumir el costo político de las decisiones difíciles.
Está claro que quien acepta conducir un municipio también acepta una responsabilidad indelegable frente a sus vecinos. Y esa responsabilidad no desaparece señalando con el dedo a otro gobierno. La seguridad no se resuelve con discursos, consignas ni estrategias electorales. Se construye con presencia, liderazgo, planificación y, sobre todo, con gobernantes dispuestos a hacerse cargo de la parte que les corresponde. Esa es, en definitiva, la diferencia entre hacer campaña y ejercer el poder.
